En estos días en los que nos enorgullecemos los cañaíllas de ser poseedores de una casilla en el famosísimo juego de mesa, nos hemos dado un encontronazo con un hecho inaudito que hace tambalear el crédito, nunca mejor dicho, de la Justicia en España. De todos es conocida la incertidumbre creada por, nada más y nada menos, el Tribunal Supremo.Suena extraño que hablando del mismo, del mismísimo Tribunal Supremo se exprese uno en términos de incertidumbre y de inseguridad; inseguridad porque al final es la conclusión a la que llegamos la inmensa mayoría de los analistas y profesionales. Finalmente la margarita quedó sin hojas y triunfó el desamor. El alto tribunal tuerce su potente brazo y de manera sorprendente, o no, vuelve a poner al prestatario -al que pide la hipoteca- como sujeto pasivo del Acto Jurídico Documentado aquel tributo bautizado estos días, en un lenguaje de andar por casa, como el impuesto de las hipotecas.

Desde la publicación de la sentencia que convertía al banco en obligado al pago, reforzada por dos sentencias más, dictadas a los pocos días de esta primera, el revuelo creado hizo que el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, saliera al paso y optara por convocar al Pleno para debatir sobre un asunto que la Sala Segunda se había encargado de dejar sentenciado: la banca era la obligada. Se abría un período de divagación continua sobre qué decidirían los vocales en representación de las cinco salas del alto tribunal. La magnitud del asunto mantuvo en vilo a la sociedad española a lo largo de dos días hasta que triunfó la banca, tal y como muchos medios han venido a titular sus crónicas, al respecto.

Qué ocurre a partir de ahora: de momento el presidente del Gobierno ha salido a la palestra para anunciar que en el próximo Consejo de Ministros se va a aprobar el inicio de los trámites conducentes a la modificación de las normas necesarias para que el AJD, en el caso de las hipotecas sea un gasto exigible a la entidad bancaria. Ahora surge la pregunta: en qué proporción repercutirán las entidades bancarias ese incremento de coste por asumir el AJD, aumentando las comisiones vinculadas a las operaciones hipotecarias. Hay opiniones de todo tipo: unos piensan que efectivamente esa repercusión la terminará pagando el cliente y voces expertas en temática bancaria indican que el referido sobrecoste puede ser asumido perfectamente por la banca.

Lo cierto es que el sistema financiero español ha respirado tranquilo, la bolsa y los inversores también. Hasta aquí todo bien, pero y qué hacemos con el caramelo que se puso en la boca de miles de sufridos ciudadanos que esperaban, como agua de mayo, recuperar una importante cantidad de euros. Debemos recordar que el AJD suele suponer un 75% de los gastos soportados por la constitución de una hipoteca.