La diputada andaluza del PP de Cádiz y portavoz de Empleo en el Parlamento andaluz, Teresa Ruiz-Sillero, ha presentado el dictamen del Grupo Parlamentario Popular integrante de la comisión de investigación sobre el fraude en los cursos de Formación Profesional para el Empleo, un documento de 175 páginas. El motivo de realizar esta presentación en La Isla lo justificó en el hecho de que "en San Fernando se han sufrido las consecuencias directas de este fraude".

"La provincia de Cádiz es clave en el entramado de este fraude y San Fernando se sitúa en el centro del mismo", afirmó. Ruiz-Sillero quería de esta forma resaltar que La Isla forma parte de la red clientelar de empresas vinculadas al PSOE que han recibido fondos destinados a la formación. Concretamente se refería la diputada a la empresa Observa, creada por el actual delegado provincial de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, y la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San Fernando, Ana Lorenzo Castro.

Esta empresa recibió subvenciones de la Junta para impartir cursos de formación por un importe superior a los 800.000 euros. No obstante, la comisión de investigación sólo ha recibido un expediente referido a una causa de reintegro de 42.000 euros, ya que uno de los supuestos profesores de los cursos cobró su salario sin haber impartido ni una sola clase.

"Seguimos esperando que nos lleguen expedientes de esta empresa para verificar todas las subvenciones y detectar posibles irregularidades e, igualmente, continuamos esperando que López Gil y Ana Lorenzo den explicaciones sobre los hechos", afirmó.

CTI

Otro de los temas que afecta a San Fernando es el cierre del Centro de Soldadura, el CTI. "Podemos hablar de un daño irreparable que se le ha hecho a los isleños, un daño incuantificable, porque son ya tres años los que ese centro lleva cerrado y no se imparten cursos para sectores fundamentales como son el naval y aeronáutico".

Ahora se sabe que el consorcio CTI se cerró por fraude, por todas las irregularidades cometidas y vinculadas a dos ejes fundamentales: la FAFFE (Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo), y las empresas del exconsejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Ángel Ojeda. Así lo ha podido constatar la comisión de investigación.

Además, al daño que lleva implícito la falta de la formación que ofertaba el CTI, hay que sumarle la falta de liquidación del consorcio, lo que ha supuesto que se haya dejado perder 2 millones de euros en materiales que se abandonaron en las naves y una deuda de más de 600.000 euros por pagar con los propietarios de la nave. "Parece que el PSOE no quiere que se solucione el problema", porque advierte hasta que no se liquide el consorcio, "no podrá habilitarse un nuevo centro y una nueva formación".

Ruiz-Sillero responsabiliza a los gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de San Fernando de "no querer solucionar el problema", que ha llevado al Consistorio isleño a recurrir en los tribunales los reintegros que le reclama la Junta como único integrante del mencionado Consorcio y que suman 6 millones de euros. De hecho, la portavoz popular de Empleo en el Parlamento andaluz no entiende esa falta de entendimiento entre dos administraciones del mismo signo político y reprocha al consejero de Empleo que "no se siente con su compañera de partido para dar una solución definitiva al asunto". Alertó además que los isleños "encima de quedarse sin formación y perder un centro puntero como el CTI, pueden estar obligados a devolver 6 millones de cursos fraudulentos".

Por todo ello, la diputada popular, que estuvo acompañada en su comparecencia por el presidente del PP isleño, José Loaiza, exigió tanto a la Junta como a la alcaldesa socialista, Patricia Cavada, la solución de una situación "que bastante perjuicio ha causado ya a los isleños".