Es innegable el beneficio que ha traído consigo la utilización para fines políticos de las redes sociales, especialmente para los “usuarios” de ese tipo de política mediática,  que obtienen una gran accesibilidad al cargo público,  del que disponen a golpe de tecla.

En este sentido, la enorme facilidad que aportan para la comunicación ciudadana en el traslado de sugerencias, ideas, quejas, etc.…,  en tiempo real de la información, supone un innegable avance social,  puesto que se obliga al político a estar atento las veinticuatro horas del día,  y a reaccionar de manera inmediata, ofreciendo respuestas.

A decir verdad, hay que reconocer que la Administración Pública no está preparada para esta inmediatez de la información y de la respuesta rápida requerida, porque el procedimiento administrativo está carente de cualquier tipo de “vehemencia”  ejecutiva.

El procedimiento, visto a sí, podría entenderse como un elemento que ralentiza la ejecución de la respuesta política, y algunos pueden llegar a pensar de él que es un elemento entorpecedor, que estorbar y encarecer la ejecución de la solución, pero esta idea es errónea de base, puesto que esa carencia de procedimiento que requiere la respuesta inmediata demandada hoy día por las redes sociales, elimina cualquier garantía, y por ende, cabe el riesgo de perder los  buenos principios y la buena gestión.

La respuesta inmediata a la que nos vemos cada vez más evocados los políticos, nos  puede llevar a actuar con tanta temeridad que origine, sin pretenderse, y posiblemente desde la buena voluntad, situaciones de injusticia e ilegalidad.

Por otra parte, esta política inmediata, como resultado de la presión mediática y las redes sociales, puede derivar en una práctica de agresión, no ya contra los derechos generales y la legalidad, sino contra los propios usuarios, tanto administrador como administrados, por la manera de interactuar entre ambos,  tan descontrolada e irregulada.

Por principio, las nuevas generaciones, cada vez más adictas a este tipo de proceder,  se olvidan de la política tangible, de la que se deriva otros beneficios mucho más estructurales, como pueden ser el compromiso real, la responsabilidad, e incluso la amistad.

La actuación  en  redes sociales, puede lamentablemente derivar en compulsión y obsesión crítica, confundiéndose esto con acción política,  cuando podría tratarse de una adicción enfermiza que deriva a veces en comportamientos irrespetuosos, e incluso enfermizos, ya que es mucho más fácil  expresarse de manera irresponsable e irrespetuosa desde el anonimato de un alias en un chat,  por la carencia normativa con la que cuenta  el trasgresor, que hacerlo cara a cara.

Personalmente pienso que para correr no debemos olvidarnos  de poner los pies en el suelo, porque si no lo hacemos así, sin lugar a dudas, terminaremos dándonos de bruces en el suelo. Con esto, lo que pretendo afirmar es que el uso de las redes sociales y los medios en la política, es un adelanto social importante que aporta muchos beneficios, pero que no todo es bueno, pues este fenómeno también tiene carencias y deficiencias que pueden perjudicar los intereses generales y el de las personas.

Todo puede ser bueno o malo, dependiendo de la manera en que se utiliza, por ello considero que no sería mala idea regular esta cuarta dimensión, donde casi todo está por estrenar, convencido firmemente de la necesidad de implantar ese procedimiento nuevo, quizás menos burocrático y más directo, pero que aporte las garantías necesarias que afianza nuestro sistema.  El procedimiento es necesario, la inmediatez un beneficio, y la vehemencia una temeridad.