El Castillo de Sancti Petri.

El decreto por el que se acuerda presentar escrito de alegaciones a la aprobación provisional del PGOU de Chiclana estuvo entre los puntos que centraron la primera parte del debate.

Según Conrado Rodríguez (PSOE) ya se presentaron estas alegaciones en el año 2014 -durante la primera fase del proceso- al comprobar que tanto en el Plan General de Ordenación Urbana como el catálogo de la vecina localidad de Chiclana aspiraba a incluir zonas que "pertenecen claramente al término municipal de San Fernando". Se refería a distintos puntos de la desenvocadura del caño, especialmente el islote que preside la fortificación defensiva conocida como 'Castillo de Sancti Petri'.

"Estas alegaciones no han sido atendidas", expuso Rodríguez añadiendo además que "la intención no es generar polémica sino atender a la legalidad y al sentido común". Sí defendió en cambio el trabajo conjunto entre administraciones para sacar el máximo partido a dicho bien histórico incluyendo a la Junta de Andalucía, Demarcación de Costas y por supuesto el Ayuntamiento de la vecina localidad de Chiclana.

Desde Sí Se Puede expandieron el diálogo al "modelo impositivo" y "poco ajustado respecto a la realidad socioeconómica de la localidad" del que peca el PGOU de Chiclana, algo en lo que a juicio de la formación morada tiene mucho que ver el PSOE. Rodríguez volvió a intervenir más tarde para aclarar que "el plan de Chiclana es responsabilidad de sus dirigentes y la preocupación corresponde a sus ciudadanos".

El Partido Popular incidió una vez más a través de Ángel Martínez en que el Castillo es de San Fernando. "Nosotros apoyamos las alegaciones en 2014, pero Chiclana se niega a trabajar conjuntamente", concretó antes de defender para Sancti Petri un modelo como el de los castillos de Santa Catalina o San Sebastián en Cádiz que, pese a pertenecer al Dominio Público Marítimo Terrestre, "es su ayuntamiento quien trabaja los pliegos de licitación". A este respecto se encontró de nuevo con el concejal socialista cuyo grupo se opone diametralmente a que el Ayuntamiento asuma la gestión integral: "Actuaremos con firmeza en cuanto a la normativa urbanística pero sin dejar de defender la gestión conjunta del islote", sentenció.