Una de las cruces 'huérfanas' del Cementerio, captada por Miguel Ángel López.

Es la reivindicación que quedó patente tras la reunión de la plataforma para la recuperación de la fosa común de San Fernando que tuvo lugar este viernes en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos (Real 175).

No es cuestión de ideologías. Casi una decena de familiares de personas represaliadas durante la Guerra Civil se dieron cita junto a los representantes de diversas entidades políticas y sociales para continuar trabajando en lo que muchas ciudades llevan la delantera a ésta: la apertura de la fosa común que existe en el cementerio municipal -al contrario que en otros lugares, perfectamente delimitada-, la extracción de los cuerpos que desde hace ochenta años yacen en ella y su posterior identificación para otorgarles lo que a cualquier ser querido hoy en día: una sepultura digna.

No solo el Ateneo Republicano y Memorialista de La Isla estuvo presente al tener ésta entre sus máximas fundamentales, también acudió al encuentro representación sindical de la Unión General de Trabajadores (área de Igualdad y Políticas Sociales), de Amnistía Internacional Bahía de Cádiz y de la propia Asociación Pro Derechos Humanos. Tanto la concejala de Sí Se Puede Laura Prieto como los militantes de Izquierda Unida Antonio Gil y Mercedes Lizón fueron los encargados de aportar el apoyo político al acto.

El antropólogo Francisco Javier Pérez Guirao, implicado en los proyectos homónimos de Puerto Real y Cádiz, explicó la metodología de intervención, haciendo hincapié en el hecho de que "el propio director general de la Memoria Democrática de la Junta de Andalucía ha mostrado interés sobre el caso isleño", según indica Miguel Ángel López, representante allí por la ARMI. Tanto la autoridad provincial como la municipal han mostrado asimismo su apoyo a este proceso de intervención que para respetar los cauces marcados por la Ley ha requerido de tres grupos de trabajo como ya adelantaba este medio hace unas semanas.

De tal forma, parte de sus miembros focalizan sus esfuerzos a un estudio de investigación histórica, serio y riguroso, que justifique la apertura de dicha tumba colectiva y que se completará con el proyecto en el que está trabajando el arqueólogo Jorge Juan Cepillo, colaborador de este medio. Otros se centran en buscar apoyos políticos, sindicales y, por supuesto, ciudadanos, con la intención de construir un tejido asociativo que presione para hacer justicia. Una tercera comitiva se encarga de la localización de familiares vivos que deseen sumarse a esta causa, algo que el viernes experimentó un considerable avance.

Entre los objetivos más inmediatos está el de constituir legalmente la plataforma con redacción de estatutos propios y la integración en ella de una agrupación formada exclusivamente por los familiares de las víctimas que se reunirán el próximo viernes, 4 de marzo, en el atrio consistorial. La razón estriba en que "son los únicos protagonistas junto a sus familiares, anonimamente enterrados, para solicitar la apertura de la citada fosa". La plataforma en ciernes, por su parte, volverá a reunirse al completo en el mismo lugar, el próximo 10 de marzo a las 18:00 horas.