El Cementerio isleño en una fotografía de Antonio Carlos Baños.

Los miembros del Ateneo Republicano y Memorialista de La Isla reivindican la apertura de la fosa común del Cementerio.

Y por eso han comenzado movilizaciones que parten de una doble premisa. La primera, la de la legalidad, ya que "la enorme cantidad de desaparecidos con esta represión política sitúa a España a la cola en materia de Derechos Humanos". La segunda, la de los sentimientos, por considerar "inhumano" que sus familiares no hayan tenido aún la oportunidad de dignificar la sepultura de seres queridos tras décadas al fondo de una fosa.

La actividad del colectivo se subdivide en tres líneas fundamentales. Parte de sus miembros focalizarán sus esfuerzos a un estudio de investigación histórica, serio y riguroso, que justifique la apertura de dicha tumba colectiva, pues "esto no se hace por capricho". Otro grupo de colaboradores se preocupará de buscar apoyos políticos, sindicales y, por supuesto, ciudadanos, con la intención de construir un tejido asociativo que presione para hacer justicia. En último lugar, pero no menos importante, se destinará otra comitiva a la localización de familiares vivos que deseen sumarse a esta causa que continúa siendo tabú para muchos ciudadanos en la actualidad, o en su caso "compañeros de partido o sindicato de los represaliados políticos".

Entre las primeras reuniones mantenidas hasta el momento se dio un encuentro con la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, quien manifestó su predisposición a nombrar un concejal para que las relaciones entre el ARMI y el Ayuntamiento sean más fluidas y constantes, así como crear una comisión donde algunos técnicos y miembros del gobierno municipal fundan sus esfuerzos con socios del Ateneo.

"No es lógico que en pleno siglo XXI y disfrutando de un régimen democrático, haya personas enterradas en una fosa común debido a sus ideas políticas", afirman.