Un decreto para la suspensión del reintegro de aproximadamente dos millones de euros que la Agencia Estatal Tributaria reclama al Ayuntamiento de San Fernando. Es la propuesta que llevará el Partido Popular a Pleno este jueves, convencido de que esta cantidad "puede ir a más si no se pone remedio inmediatamente".

Es una de las consecuencias del embargo que pesa sobre el cierre del Centro de Formación de Técnicas Industriales (CTI) hace ahora dos años, por parte de la Junta de Andalucía, algo que se produjo "unilateralmente, pese al 10% de participación de la administración local". La mala gestión, señala el portavoz popular, ataña directamente a la falta de justificación de unos cursos de formación que se debían impartir en 2009 por 1.190.000 euros, cantidad que ha ido in crescendo y "se incrementará en los próximos meses con un nuevo requerimiento". Loaiza considera ésta otra entre las muchas irregularidades por las que dicho consorcio -perteneciente a la Red de Escuela de Formación para el Empleo en Andalucía- quedó formalmente clausurado en enero de 2014 para ahorrar más de 416.00 euros al año, según apuntó un estudio económico.

Según el PP, todo esto se reduce a una muestra más del comportamiento sumiso que manifiesta el PSOE hacia la Junta de Andalucía. "No es lógico que digan una cosa estando en la oposición y hagan lo contrario al llegar al gobierno", explica Loaiza, a quien en todo momento se acusó durante su mandato de "buscar la confrontación con la administración andaluza". "La Junta nunca quiso solucionar este problema de liquidación a La Isla, de hecho es la que ha instado a la AET a iniciar este procedimiento por vía de apremio sin que la alcaldesa haga nada por evitarlo".

El CTI se constituyó en el año 1996 en el polígono industrial de Fadricas. Primeramente centrado en la soldadura, amplió en 2004 su oferta formativa a otras actividades de la industria, apostando siempre por la especialización e innovación tecnológica. Se trataba del único consorcio formativo especializado en técnicas industriales, con un modelo formativo eminentemente práctico, similar al día a día laboral en el sector y con buenos datos anuales a modo de resultado.

"Se trata de una cantidad que, debiendo asumir la Junta de Andalucía, pretenden cobrar a todos los isleños, por lo que el gobierno municipal no contará con nuestro apoyo, de momento".