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El Ateneo Republicano y Memorialista de La Isla es ya una realidad.

El Ateneo Republicano y la Asociación por la Memoria Histórica de San Fernando (AMERE) ya conforman una única entidad. Así lo dieron a conocer de forma oficial ayer, Día de la República, en el Atrio de las Casas Consistoriales, donde varios ciudadanos se dieron cita para justificar la unidad de ambas organizaciones tras haber mantenido estrechos lazos a lo largo de su trayectoria.

La educadora Mónica Ballén, Gonzalo Alías –candidato a la alcaldía por IU-, o la periodista Vanessa Perondi, además del químico e investigador  Miguel Ángel López Moreno, fueron algunos de los rostros que presidieron el atrio consistorial para reparar en la necesidad de “aunar esfuerzos y establecer líneas de colaboración conjunta”, trabajos que, no obstante, se han venido llevando a cabo de forma oficiosa hasta el día de hoy.

Una de estas líneas es, precisamente, la de investigación. Una labor que será posible gracias a la formación en Historia que poseen varios de sus componentes -Pablo Alías- o a la propia experiencia de otros, como Antonio Gil, presente desde los 17 años en las reuniones clandestinas del Partido Comunista. Sus objetivos se centrarán en verificar documentalmente los testimonios reales de algunos de los familiares de los asesinados en La Isla tras el golpe de estado del 36. Esta investigación, pretenden, se realizará a través de dos vías.

La primera, arqueológica, mediante la realización de catas en lugares claves de San Fernando como el Cementerio de los Ingleses. Un cementerio de principios del siglo XIX situado en la costa de La Casería en cuyo exterior, se cree, pueden hallarse enterrados los cuerpos de varios de los fusilados cuyos descendientes, hoy, reclaman dignidad. La razón por la que estarían fuera y no dentro del perímetro es, según la periodista Vanessa Perondi, “provocar un mayor escarnio hacia las víctimas que quedarían para la posteridad en los límites del camposanto, y serían pisados cuando los visitantes accedieran a su interior”. Este cementerio, cuyo rescate estaba previsto en el plan de desarrollo urbano para esta franja de litoral, actualmente bloqueado, es un Bien de Interés Cultural (BIC) incluido en el ‘Legado Patrimonial de los Lugares de las Cortes y la Constitución de 1812’, así como en el ‘Mapa de las Fosas de las Víctimas de la Guerra Civil y Posguerra’. Razones suficientes, según explican los miembros del Ateneo Republicano y Memorialista de La Isla, para que las dos administraciones -Ayuntamiento y Junta de Andalucía- se pongan manos a la obra y realicen unas obras mínimas de conservación y consolidación de sus muros, protegiendo el perímetro para evitar actos vandálicos y acometiendo labores de desbroce y limpieza.

Mónica Ballén durante su intervención.

La segunda vertiente de investigación se centrará en los documentos escritos, algo que guarda relación directa con la extensa y controvertida producción bibliográfica de José Casado, “pionero en la narración de estos acontecimientos y muy perseguido en su contexto”, recuerda Gil, de cuya obra más conocida ‘Trigo Tronzado’, reclama una pronta reedición. Un libro donde Casado reflejó nombres, fechas y lugares, tomándolos, al parecer, de las notas originales de la época que el por entonces párroco de la Iglesia Mayor apuntaba tras la confesión de cada condenado.

Además de este profuso proyecto de investigación, la entidad busca también hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica (2007), según la cual, han de suprimirse de lugares públicos todos aquellos símbolos considerados de exaltación franquista. El caso más paradigmático es, por supuesto, el monumento ecuestre al General Varela, que aún hoy continúa presidiendo la Plaza del Rey, frente a la Casa Consistorial. “Sin memoria no hay dignidad”, declaran los miembros del Ateneo en su cruzada por recuperar los valores republicanos. Unos objetivos que no consisten, según ellos, en un calco nostálgico de la II República “ya que los valores, el contexto político y social son completamente diferentes”, pero sí en restaurar el concepto de lo público para “una ciudadanía carente de una educación de calidad y, por ende, de libertad para decidir en un verdadero sistema democrático”.