La investigación ha durado más de un año. Los estafadores contactaban con personas con escasos recursos que necesitaban liquidez  económica al ser imposible acceder a un crédito de las entidades bancarias

Entre los afectados se encuentran los propietarios de algunos vehículos que los habían puesto a la venta en concesionarios de automóviles, los cuales utilizaban la documentación para simular compras financiadas a nombre de otras personas

Una vez la entidad financiera efectuaba el desembolso, en la cuenta de uno de los intermediaros se repartían entre varios el dinero en forma de comisiones, y el sobrante al prestatario final

La Policía Nacional ha detenido a trece personas e imputado a otras seis que habían formado una red criminal que operaba dentro y fuera de la provincia de Cádiz, defraudando a entidades de crédito al consumo y a particulares. Los investigadores estiman que las cantidades defraudadas pueden superar los quinientos mil euros  a la espera de finalizar la investigación en la que no se descarta nuevas detenciones. El grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la Comisaría Provincial de Cádiz  se hizo cargo de la investigación al encontrarse indicios delictivos  en la adjudicación de créditos al consumo facilitados por mediadores afincados en negocios de la ciudad de Cádiz, para lo cual realizaron las  gestiones para el esclarecimiento de los hechos  desarrollándose dos investigaciones paralelas que han durado más de un año.

Fruto de las primeras pesquisas  se tuvo conocimiento de que los estafadores se servían de documentación falsificada para solicitar a través de intermediarios financieros autorizados, financiación de vehículos a motor que finalmente no se adquirían por el cliente o prestatario final, tan sólo se simulaban las compraventas. Una vez la entidad financiera efectuaba el desembolso, en la cuenta de uno de los intermediaros se repartían entre varios el dinero en forma de comisiones, y el sobrante al prestatario final, quien habría acudido a este tipo de individuos para obtener una cantidad todavía menor a lo solicitado por los estafadores, pero teniendo que pagar unos intereses muy por encima de lo deseado y fingir ser el comprador de un vehículo que normalmente se encontraba traspasado a otro titular ajeno a la operación fraudulenta.

Los estafadores se han valido de personas con escasos recursos económicos y con dificultada para obtener un crédito a través de las entidades bancarias, por lo que acudían a estos negocios de aparente legalidad que se anunciaban a través de páginas Web de ventas de segunda mano o creadas al efecto, para captar posibles clientes a los que ofrecer todo tipo de servicios financieros e incluso inmobiliarios que nada tenían que ver con la realidad.

La complejidad de la investigación propicio que se desdoblara en dos operaciones policiales denominadas Jabba y Sinauto.

Los investigadores han  identificaron una gran cantidad de personas en esta trama fraudulenta entre los que se encontraban personal de concesionarios de venta de automóviles, agentes comerciales, particulares y los propios estafadores, algunos localizados en diferentes ubicaciones tanto en la provincia de Cádiz como en otras ciudades andaluzas, todas con un nexo de unión  con uno de los estafadores localizado en Cádiz que permitió distinguir entre varios modus operandi bien diferenciados. La Policía Nacional practico varios registros descubriendo en el efectuado en un concesionario de la ciudad de Cádiz, una intensa actividad fraudulenta  que se remontaba hasta el año 2007.

Los agentes del grupo de Delincuencia Económica y Fiscal han esclarecido con esta investigación más de cincuenta operaciones  fraudulentas a entidades de crédito al consumo, las cuales se han personado  como denunciantes en los distintos juzgados de la provincia de Cádiz que han llevado la instrucción de la causa.  Entre los efectos intervenidos se encuentran varios vehículos  que formaban parte del pago en especie por los servicios prestados por estos estafadores, igualmente se detecto la utilización de coches dados de baja para lo cual se falsifico documentación de la Dirección General de Tráfico y otra documentaciones de organismos públicos tales como la Dirección General de la Seguridad Social para acreditar los ingresos económicos.