El pasado día 10 de febrero se cumplieron dos años desde que se pusiera en marcha la reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP y, por raro que parezca, tengo que decir que ha cumplido perfectamente su objetivo. Cuando a un leñador le proporcionas un hacha, lo pones delante de un árbol y, por si le queda alguna duda, se lo señalas, lo más lógico es que ese árbol quede por los suelos. Esa misma lógica aplastante es la que se ha dado con los resultados de esa reforma. Cuando a las empresas le ofreces la posibilidad legal de no aplicar los convenios colectivos en lo que respecta a  jornada, horario, movilidad o funciones, cuando contribuyes a que estas puedan rebajar los salarios o que puedan despedir impunemente a precio de saldo y contratar a otra persona con un sueldo mínimo interprofesional congelado por segundo año en lo que llevamos de legislatura, está claro que actuarán exactamente de la misma forma que ese leñador y los derechos de los trabajadores quedarán, irremediablemente, igual que ese árbol. Por tanto, no es de extrañar que tengamos más parados y menos afiliados a la seguridad social.

La reforma "marcará un antes y un después en la legislación laboral de España", vaticinó Rajoy, y vaya si acertó. Jamás un plan le salió tan redondo. Estas reformas eran necesarias, decían, para flexibilizar el mercado laboral y, por encima de todo, para poder ser competitivos. Parece ser que la única forma que tenemos para poder competir es a base de sueldos muy bajos, pero yo, que nunca fui el más listo de la clase, no llego a entender eso. En Francia, por poner un ejemplo, el salario mínimo es el doble del que tenemos aquí, sin embargo son más competitivos que nosotros, por lo que parece obvio que el salario no es el gran condicionante par ser  no competitivos.

Hace unos días me topé con un artículo sobre una empresa burgalesa que resulta ser el primer exportador mundial de revestimientos de techos de automóviles y que da empleo a 14.000 personas, de los que casi 3.000 de ellos se dan en España. Decía el presidente del grupo en dicha publicación que se encontraba con un grave problema: en España, la sede principal del grupo, paga la electricidad un 10% más cara que la planta que tienen en Francia y, agárrense, ¡un 64% más alta que la planta de EE.UU.! Si quieren seguir siendo competitivos tendrán que bajar los sueldos o cerrar la sede española para trasladarla a otro país que tenga unos costes energéticos más baratos.

Las eléctricas se han embolsado, gracias a las sucesivas subidas desde que comenzó la crisis, 21.600 millones adicionales, siendo el segundo país donde más ha subido desde 2008, llegando a doblar al país europeo más barato y siendo señalados por Bruselas como el país más caro en cuanto a distribución de la electricidad se refiere. En aras de esa competitividad, ¿será capaz el Gobierno de apretar las tuercas de una vez por todas a estas todopoderosas compañías eléctricas y apostar por la innovación y las energías renovables o seguirán hurgando en el ya maltrecho bolsillo del trabajador? Se admiten apuestas.