En estos días que tanto se está hablando de las mayorías y minorías silenciosas, hay otro tipo de silencio que cada vez chirría más y que amenaza en estallar con un enorme estruendo.

En ese sentido los italianos, mundialmente envidiados por su exquisita elegancia, tienen mucho que aprender de los garrulos españoles. Si ellos utilizan 1.000 kilos de explosivos para hacer desaparecer del mapa al juez antimafia Giovanni Falcone, aquí somos mucho más sutiles y basta una llamada, o una pluma estilográfica, para firmar la expulsión de la carrera judicial al juez que tenga los arrestos de investigar asuntos farragosos que puedan afectar a la mafia existente. Quiero dejar claro que esta denuncia escrita no va en contra de ningún político o partido en concreto, sino en contra de un sistema totalmente corrupto que han montado entre unos y otros y que ha convertido la división de poderes del Estado en una auténtica milonga.

Aquí no llevan trajes de Armani, pero el savoir faire ha conseguido tal grado de perfección y excelencia que son capaces hasta de situar a un afiliado de su partido como presidente del Tribunal Constitucional. Un cargo que, a la postre, gracias a su voto de calidad, decide muchas cuestiones que afectan directa o indirectamente al partido de sus amores. Pero ahí no queda la cosa, otros cinco magistrados de dicho TC han tenido vinculación en el pasado con PP o PSOE, y por si todo eso no fuera suficiente, para eso está la Fiscalía General del Estado. ¿Investigar el borrado de datos de los ordenadores de Bárcenas en la sede del PP? Por favor, ¿no hay cosas más interesantes que hacer?

Aquí no son tan burdos como para meter la cabeza de un caballo en la cama de nadie para amedrentarlo; nada de ensuciarse las manos, por favor. Aquí, si la Comisaría General de Policía Judicial se afana demasiado en investigar casos como el de la trama Gürtel o a Bárcenas, se destituye al comisario que sea el máximo responsable en los casos de corrupción, como ocurrió el mes pasado. De camino, para no dejar flecos sueltos, se releva a la cúpula directiva de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, dependiente de la Agencia Tributaria, que últimamente se están volviendo demasiados quisquillosos en sus pesquisas y colocamos a nuestra amiga Pilar Valiente, que recordamos perfectamente como presidenta de la CNMV cuando estalló el escándalo Gescartera. Eso, y meter el lobo en el corral, es exactamente lo mismo.

Por supuesto a la prensa hay que mantenerla a raya. Si un grupo de comunicación se atreve a denunciar al poder establecido se denuncia en bloque por parte de toda la cúpula de la mafia, aunque meses después reculen todos y retiren dicha denuncia, en fin, el caso era hacer ruido. Por otro lado, a las televisiones que forman parte del sistema corrupto, hay que guiarles bien para que sepan qué pueden o no pueden decir y de qué forma, tal y como han denunciado los periodistas de Canal9. La palabra ‘recortes’ no debe aparecer en los informativos, se dice ‘reformas’, y si algunos de los nuestros ha cosechado un fracaso estrepitoso, lo cambiamos por un ‘éxito limitado’. La mafia controla quién sale en la foto, quién no y hasta si debe salir guapo o feo. La perfección elevada a la enésima potencia.

Esta es la mafia que funciona aquí y que quiere nublarnos la vista con términos como ‘ley de transparencia’ o ‘pacto anticorrupción’. En Chicago o en Sicilia es el propio Estado de Derecho quien se enfrenta a dicha mafia; aquí, al no darnos otra opción, lo haremos los ciudadanos.