La reciente agresión a una enfermera en el Centro de Salud Dr. Joaquín Pecé de San Fernando, y como no, detención de la agresora, entre los temas a tratar en la reunión trimestral de la comisión contra las agresiones al personal sanitario de la provincia de Cádiz, que en esta ocasión se reunió en el Hospital Puerta del Mar.

Eva Pajares destaca la importancia de este instrumento ante casos como el sucedido recientemente en San Fernando.

La importancia de denunciar, la formación a los profesionales, la celebración de simulacros y la implantación de las alarmas individuales, entre las cuestiones abordadas en este encuentro.

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha acogido una nueva reunión de coordinación de la comisión provincial contra las agresiones a profesionales de centros sanitarios, un instrumento, contemplado en el Plan de Prevención y Atención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y que tiene como objetivo encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución de los ataques físicos o verbales. Estos encuentros tienen una periodicidad trimestral y en ubicaciones diferentes, siendo el último celebrado el pasado enero en el Hospital de La Línea.

La delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, que preside la comisión, ha destacado la importancia de esta herramienta para abordar y avanzar en la prevención de casos como la reciente agresión a una enfermera en el Centro de Salud Dr. Joaquín Pecé de San Fernando, profesional a la que, de nuevo, ha mostrado su apoyo. En este sentido, el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda ha organizado para este jueves una concentración de repulsa a lo ocurrido en el propio Centro de Salud isleño.

La comisión cuenta con la participación del interlocutor sanitario, interlocutores de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, tanto de Cádiz como del Campo de Gibraltar, la asesoría jurídica y la Secretaría General de la Delegación Territorial de Salud y Consumo, así como los referentes en materia de agresiones de los hospitales, distritos, áreas sanitarias y el Centro de Emergencias Sanitarias 061 de la provincia.

El encuentro ha servido para analizar la situación de la provincia en el primer trimestre, incidiendo en la necesidad “de una respuesta contundente ante las agresiones para lo cual es importante que los profesionales denuncien, sea cual sea la naturaleza del episodio violento”, ha aseverado Pajares. En este sentido, en el caso de la agresión en el Centro de Salud Joaquín Pece, la denuncia presentada por la profesional el mismo día ante el Cuerpo Nacional de Policía, facilitó al detención de su presunta agresora al día siguiente.

Al hilo de la conveniencia de denunciar, en la reunión de la comisión, se abordó una reciente sentencia, calificada por la comisión como “ejemplar”, en que una agresión verbal a una médica del Centro de Salud Barrio Alto de Sanlúcar acaecida el 26 de marzo (Martes Santo) fue objeto de una sentencia por juicio rápido celebrado al día siguiente con penas de prisión, orden de alejamiento y multa económica para la agresora. La condena aprecia un delito leve de amenazas y otro de atentado a agente de la autoridad, con lo que “se transmite la idea de que agredir a un profesional sanitario es igual que agredir a un policía”.

Los asistentes han incidido también en la necesidad de seguir promoviendo acciones formativas dirigida al personal sanitario que aborden el afrontamiento de un episodio violento, como las desarrolladas en 2023, y que son muy bien acogidas por el personal de los centros de salud y hospitales de la provincia. Así, entre otras, el próximo junio, el Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra ofrecerá a sus Médicos Internos Residentes (MIR) una formación a cargo del Cuerpo Nacional de Policía y también los centros han recibido un ofrecimiento de talleres presenciales en este sentido impartido por personal de prisiones.

Otra de las iniciativas será el desarrollo de un simulacro de agresión; la idea ha partido del hospital puertorrealeño, que servirá de modelo para realizarlo en el resto de centros de la provincia. Además, se está trabajando en que cada hospital, área y distrito tengan su propia comisión de seguimiento interna sobre sus agresiones, con la previsión de que en la próxima reunión ya estén constituidas.

En cuanto al uso de alarmas individuales como medida de prevención frente a las agresiones, ya implantada en determinados servicios de los hospitales de Puerto Real y La Janda, el resto de centros de la provincia van a recibir en breve sus dispositivos, cerca de 2.000 en la provincia. La alarma individual es un dispositivo pequeño, discreto y resistente, que emite una señal acústica gran potencia (125 decibelios), perceptible a cientos de metros de distancia, y una señal óptica mediante luz LED de alta intensidad, intermitente y visible desde gran distancia. El dispositivo se carga mediante cable USB y cuenta con capacidad de funcionamiento durante 30 minutos de forma continua.

Plan de Prevención y Atención a las Agresiones

El Plan de Prevención y Atención a las Agresiones se puso en marcha en 2020 tras el acuerdo unánime de la Mesa Sectorial de Sanidad para encontrar puntos de mejora que redunden en una disminución del total de estos ataques verbales o físicos.

En virtud de este plan se ha creado la figura del ‘profesional guía’, que tiene el objetivo de acompañar, asesorar en los trámites y dar apoyo al trabajador que sufre una agresión; precisamente en esta reunión, la delegada ha pedido un “impulso” a la implantación de estos profesionales a los centros, que están trabajando por incorporar un mayor número de ellos.

El plan también habilita canales ágiles y rápidos para que la persona víctima de una agresión ya sea verbal o física, no esté sola momentos después de sufrirla; además, se facilita atención psicológica durante el tiempo que sea necesario. Asimismo, ha venido a reforzar las medidas de seguridad en los centros sanitarios y las condiciones de seguridad en los lugares de trabajo.

Igualmente, el plan mejora la coordinación entre los interlocutores policiales territoriales sanitarios, los interlocutores sanitarios, los directivos de los centros y las asesorías jurídicas provinciales; este es el sentido de la reuniones de la comisión provincial que ha permitido abordar cuestiones prácticas que afectan a los profesionales, y resolver dudas y problemas que surgen en el manejo de este tipo de situaciones.