Al igual que esos orgullosos padres que en el famoso chiste observaban lo bien que desfilaba su hijo mientras veían a todo el regimiento con el paso cambiado, Rajoy no para de elogiar públicamente a sus ministros por cada medida y cada Ley que sacan adelante, gracias al rodillo de la mayoría absoluta, a sabiendas que no solo todos los demás partidos están en contra, sino también los colectivos afectados y la inmensa mayoría de la sociedad. No contentos con esto, lanzan frases que resultan repulsivas por irónicas. “Se trata del proyecto de Ley más consensuado y más participativo de la democracia", no dudaron en manifestar en relación a la Reforma de la Administración Local.

Consensuado seguro que no, pero participativo sí que ha sido. Tan participativo que alcaldes, presidentes y consejeros autonómicos de su propio partido, así como el Consejo de Estado han participado para criticar abiertamente la reforma. El presidente popular de la Comunidad de Madrid ha manifestado recientemente que tendrá un problema de financiación si tuviera que asumir las competencias de los municipios de su comunidad porque, esa es otra, desde el gobierno de Rajoy siguen insistiendo que para las CCAA no habrá ni un duro más. Otra voz crítica dentro de su partido proviene de la Junta de Castilla y León, donde la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha denunciado que esta ley no solo no evitará duplicidades, como nos quieren vender, sino que tendrá un sobrecoste que ella mismo ha situado en 200 millones de euros para su Comunidad. Sin embargo, los principales perjudicados serán los propios ciudadanos, según Marcos, ya que los servicios sociales perderían al personal de proximidad, esenciales en estos casos, a la vez que se pregunta cómo va a sumir ella 10.000 plazas geriátricas de golpe que ahora pertenecen a residencias municipales.

Desde la Federación Gallega de Municipios y Provincias, presidida por un alcalde del PP, también han alzado la voz ante este auténtico golpe de estado en los ayuntamientos de toda España. La medida evidentemente no es económica: algo más de 2.000 millones al año, por mucho dinero que parezca, no es un ahorro -en el supuesto que haya ahorro- como para montar todo este jaleo. La idea que hay detrás es simple y llanamente alejar a los ciudadanos de sus políticos más cercanos, al esfumarse muchos servicios municipales, por no hablar del elevado número de ayuntamientos que desaparecerán directamente.

Actualmente el 75% de las Diputaciones están bajo el control del PP, por lo que no hay que ser muy avispado para intuir que esta norma no persigue otro fin que dotarles de más presupuesto y poder, en detrimento de los Ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que suponen el 87% de los 8.117 que hay en España. La idea es ignorar la voluntad del pueblo, que ha votado por unos políticos concretos para regir sus destinos, y dejarlos en manos de políticos profesionales nombrados a dedo en esas Diputaciones provinciales.