Operación realizada por la Guardia Civil y junto con el Servicio de Consumo de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz.

La Guardia Civil intensifica la lucha contra la comercialización ilícita de juguetes que no cumplen con la normativa.

El servicio de impacto ha tenido lugar en nueve localidades de la provincia.

Se han realizado 22 inspecciones, llegando a inmoviliza unos 4.000 juguetes por incurrir en un total de 308 infracciones y tres delitos contra la propiedad intelectual e industrial

La Guardia Civil, junto con el Servicio de Consumo de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz, ha llevado a cabo un servicio de impacto con el fin de erradicar la comercialización de juguetes que no cumplen con la normativa.

El servicio se desarrolló durante la mañana de ayer día 13 de diciembre en nueve localidades de la provincia, realizando un total de 22 inspecciones, donde se detectaron 308 infracciones y tres delitos contra la propiedad intelectual e industrial, inmovilizando unos 4.000 juguetes que no cumplían con la normativa.

La actuación se ha desarrollado de forma conjunta con la Inspección de Consumo de Cádiz, con el fin de prevenir y evitar la aparición o consolidación de una práctica ilícita consistente en la fabricación y distribución de juguetes y juegos falsificados, bien porque vulneran los derechos de propiedad intelectual e industrial, o porque infringen la normativa de seguridad por exposición a sustancias químicas, lesiones, estrangulamiento, asfixia, descargas eléctricas, daños al oído y riesgos de incendio para los más pequeños de la casa.

San Fernando entre los municipios investigados por delitos y fraudes en la venta de juguete

Las actuaciones realizadas han tenido lugar en Cádiz, San Fernando, Jerez de la Frontera, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Vejer de la Frontera y Barbate, participando en las mismas un total de 38 guardias civiles y un inspector de consumo.

Por los delitos detectados se abrirán las correspondientes diligencias, realizando el oportuno ofrecimiento de acciones a las marcas afectadas para que puedan personarse en la causa como acusación particular, mientras que de las 308 infracciones administrativas se dará cuenta oportuna a las administraciones correspondientes para la incoación de los expedientes sancionadores que consideren oportunos.

La operación ha sido desarrollada por distintas especialidades de la Guardia Civil de Cádiz, además del Servicio de Consumo de la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz.