Éxito de la primera jornada de huelga de funcionarios de Justicia con un seguimiento del 85 por ciento.

CSIF estima que se han paralizado cientos de actuaciones judiciales y que, si los paros se prolongan en el tiempo, se necesitarán hasta dos años para recuperar el trabajo perdido

El Ministerio de Justicia ha de presentar urgentemente propuestas para mejorar las condiciones laborales de este colectivo.

La primera jornada de huelga general de los funcionarios y funcionarias de Justicia, con paros entre las 10.00 y las 13.00 horas, convocada por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) --sindicato mayoritario en la Justicia--, junto a STAJ, CCOO y UGT, para exigir el reconocimiento profesional y retributivo de los funcionarios, ha sido un éxito rotundo, con un seguimiento del 85% por parte de los 1.500 funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio que dirige Pilar Llop que hay en toda la provincia de Cádiz.

En esta provincia se han paralizado cientos de actuaciones judiciales. Según las estimaciones de CSIF, de continuar esta situación, se necesitarán hasta dos años para recuperar el trabajo causado por esta primera jornada de huelga.

Los paros parciales se han sentido sensiblemente en numerosas instancias judiciales de toda España y de Andalucía, como los juzgados de guardia, los juzgados de lo Social, los juzgados de lo Penal, Menores y Vigilancia Penitenciaria, los registros civiles, las audiencias provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, así como la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y organismos como el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

La central sindical lamenta las molestias que estos paros han causado a la ciudadanía en un servicio tan fundamental como es el de la Justicia, pero el Ministerio de Justicia es el único responsable de la situación por su nula voluntad de presentar a las organizaciones representantes de los trabajadores una propuesta para definir sus funciones, así como una subida salarial justa, en línea con el acuerdo firmado con los letrados.