El 71,38 por ciento de los titulares de la prestación son mujeres y el 39,67 por ciento de los beneficiarios son menores.

16.707 hogares en la provincia reciben el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), de 100 euros al mes.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a 29.631 hogares gaditanos donde viven  84.548 personas, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social hasta finales de enero. Esta cifra representa el 17,3% del total andaluz, que se sitúa en las 171.105 familias donde residen 502.308 personas; y el 5,28 por ciento del total nacional, con 560.809 hogares y 1.579.949 beneficiarios.

Esta prestación, que abona la Seguridad Social, está teniendo una especial incidencia en la reducción de la pobreza infantil puesto que, del total de beneficiarios en Cádiz, un 39,67 por ciento son menores (33.547), porcentaje cercano al nacional y al andaluz, que se sitúa en torno al 42,5 por ciento.

Del total de hogares beneficiarios, 20.485 (el 69,13 por ciento del total) cuentan con menores. Entre ellos, 7.037 son hogares monoparentales (el 23,74 por ciento del total) y 13.448 hogares no monoparentales con menores (el 45,38 por ciento del total).

Por género, el 71,38 por ciento de los titulares de la prestación son mujeres (21.153), que  también son mayoría entre los beneficiarios, con 46.163 mujeres que forman parte de las unidades de convivencia que reciben el Ingreso Mínimo Vital.

Respecto al número de prestaciones con el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) son ya 16.707 los hogares en Cádiz que reciben este apoyo de 100 euros al mes en el caso de niños de cero a tres años; de 70 euros al mes por cada niño entre tres a seis años y de 50 euros al mes por cada menor de entre seis y dieciocho años que entró en vigor en enero de 2022.

El Ingreso Mínimo Vital garantiza un nivel de renta mínimo, cuyo umbral varía en función del tipo de hogar contabilizando los ingresos preexistentes, si existen, con excepción de las rentas mínimas de las comunidades autónomas.

El IMV no es solo una prestación, es un conjunto de políticas para facilitar la integración sociolaboral de los colectivos vulnerables en riesgo de exclusión. Su razón de ser es la necesidad de corregir el problema de desigualdad y pobreza estructural que afecta a nuestra población más vulnerable y adaptar las políticas públicas a la realidad económica y social de nuestro tiempo.