El Consejo de Transparencia traslada al PP datos muy relevantes sobre el procedimiento de compra del inmueble adquirido al Obispado por la exdelegada de Urbanismo.

El Partido Popular (PP) ha anunciado la entrega de una documentación oficial a la alcaldesa Patricia Cavada que desmonta la argumentación que hasta ahora ha sostenido la concejal socialista Claudia Márquez en torno a la compra de una finca al Obispado, así como las obras irregulares realizadas en la misma, “presuntamente amparándose, en su condición de delegada municipal de Urbanismo”, ha señalado la concejal popular, Carmen Roa.

La edil realizó un breve repaso a la situación que ha derivado en este asunto. “Desde el PP teníamos infundadas sospechas de que Claudia Márquez podría haber utilizado una información privilegiada para acceder a la compra de una finca”.

La clave de todas estas sospechas se encontraba, según el PP, tanto en la fecha de la firma del contrato de compra venta por parte de la edil del PSOE, como en el momento en que se dicta la orden de ejecución sobre el inmueble.

Por ello, y para manejar una información fiable, los populares decidieron recurrir al Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. “En nuestro escrito requeríamos respuestas de la parte vendedora de la finca, es decir de la Fundación Adolfo Carneiro (Obispado), a una serie de preguntas que iban desde las condiciones de venta hasta la fecha de la firma del contrato de compra venta”.

El Consejo de Transparencia tuvo que requerir en dos ocasiones a la Fundación a dar respuesta a preguntas “que entendemos eran claves en este asunto, como cuándo se vende la finca a Claudia Márquez”. Sobre este punto, la parte vendedora responde que “el inmueble es vendido a doña Claudia Márquez Ramírez y su marido, por X (una cantidad no desvelada por el PP pero que asegura “está fuera de mercado”), por la adquisición del pleno dominio, como un cuerpo cierto, libre de toda carga y gravamen, sin servicios de suministro”.

Este contrato de compraventa se firma el 29 de mayo de 2017, llevándose a cabo el primero de los tres pagos pactados para la compra de la finca un día después, el 30 de mayo de 2017. La Orden de Ejecución es firmada por Claudia Márquez como delegada de Urbanismo el 5 de junio de 2017, y no se aparta de todo lo que tiene que ver urbanísticamente con una finca, que ya es de su propiedad, hasta años más tarde, incluso después de elevarla a público, cosa que sucede en julio de 2020.

Carmen Roa afirma que “ya solo con esta información, queda demostrado que Claudia Márquez ha faltado a la verdad, puesto que ha llegado a asegurar que no adquirió la finca hasta el 28 de julio de 2020, una fecha que también aparece en el documento facilitado por la Comisión de Transparencia pero no como el momento que se compra la vivienda, sino cuando esta es elevada a escritura pública”.

Por tanto, “Claudia Márquez ha mentido, ha faltado a la verdad. Y lo decimos con la información real, fidedigna, facilitada por la propia vendedora de la finca al Consejo de Transparencia y que, por lo tanto, no admite controversia alguna”.

Prosigue Roa argumentando que la concejal del PSOE, “sigue faltando a la verdad cuando habla de que la orden de ejecución le daba la posibilidad de derrumbar la finca, ya que es falso”.

La orden de ejecución determina con exactitud qué obras puede hacer, no contemplando el derribo de la misma. “Por cierto -apuntilla la concejala del PP- el policía que informa del estado de la finca y da inicio al expediente de la orden de ejecución no es que pasara por allí y viera algo en mal estado, sino que es requerido a que acuda a inspeccionar la finca por la propia delegación de Urbanismo, de la cual Claudia Márquez era responsable”.

El mismo día que el policía local emite su informe, la delegación de Urbanismo ya cuenta con la propuesta técnica y, al día siguiente, con la jurídica para que se emita la orden de ejecución.

Este informe del Consejo de Transparencia ya está en poder de la alcaldesa, “se lo hemos entregado a través del registro municipal y en mano, durante el pasado pleno municipal”, alega Roa.

A partir de ahora, “Patricia Cavada ya no puede escudarse en el desconocimiento y, por tanto, debe actuar como primera autoridad municipal”.