Documentos oficiales corroboran la denuncia del PP de que Claudia Márquez ya había iniciado la compra del inmueble antes de que se dictase la orden de ejecución

La edil socialista intentó ‘colar’ obras no permitidas como una piscina o una chimenea.

La delegada municipal de Urbanismo, Claudia Márquez, dictó una orden de ejecución sobre un inmueble de su propiedad. Este es el resumen de la rueda de prensa ofrecida hoy por la concejala del PP, Carmen Roa, y en la que ha hecho públicos los datos que llevan a la conclusión de que la edil socialista se benefició de un procedimiento que pone en marcha el Ayuntamiento para frenar el deterioro de las viviendas.

“Una orden de ejecución obliga a la propiedad de un inmueble a la realización de una serie de obras muy concretas con el único objetivo de que la finca no termine convirtiéndose, debido a su mal estado, en un peligro para las personas o las cosas”, señaló Roa. Por ello, el Ayuntamiento no cobra ninguna tasa por la ejecución de unos trabajos básicos, como son “la reparación y pintado de la fachada, limpieza y mantenimiento permanente en condiciones de seguridad, salubridad y ornato, así como las medidas técnicas necesarias para evitar perjuicios y daños a las edificaciones colindantes y a la vía pública”.

No obstante, Claudia Márquez intentó “colar” como trabajos contemplados en la orden de ejecución la construcción de una piscina, la apertura de una ventana o una chimenea. Tal y como ya advirtieron los técnicos municipales, la intención de la entonces delegada de Urbanismo no se circunscribía al ámbitos prescrito por una ‘orden de ejecución’, conminándole a solicitar una licencia de obras, “que no es gratis y sí cuesta dinero”, recordó Carmen Roa.

De la actitud de la todavía teniente de alcaldesa de Patricia Cavada, solo cabe sospechar que intentó ahorrarse el coste de la licencia de obras, puesto que era conocedora, tanto por su profesión (arquitecta) como por el cargo público que ocupaba en ese momento, de lo que habilita a ejecutar en una vivienda una orden de ejecución y de aquello para lo que se precisa una licencia de obras.

Carmen Roa ha expuesto una cronología que certifica, en base a documentación oficial y, por tanto, confiable, que en el momento de dictarse desde la Delegación de Urbanismo la orden de ejecución, Claudia Márquez ya había acordado y señalado económicamente la compra del citado inmueble, mediante un contrato de compraventa comúnmente denominado “contrato de arras”.

En mayo de 2017, el parte de un agente de la Policía Local alertando del mal estado del edificio en cuestión, pone en marcha el mecanismo municipal para requerir a la propiedad a su mantenimiento mediante la ya consabida ‘orden de ejecución’. El 24 y 25 de mayo, los técnicos de Urbanismo proponen ordenar a la propiedad de la vivienda -en ese momento, la Fundación Adolfo Carneiro dependiente del Obispado- acometer las obras recogidas en la orden de ejecución.

El 29 de mayo, apenas unos días después, se firma un contrato de compraventa entre la Fundación y los nuevos propietarios, Claudia Márquez y su marido. El 5 de junio, Urbanismo dicta la orden de ejecución sobre la finca siéndole notificado a la Fundación el decreto que ya recoge la orden de ejecución, con las obras contempladas en el mismo y el plazo dado para acometerlas.

El 20 de junio, se recibe en el Ayuntamiento un escrito en el que la Fundación solicita una prórroga de 5 meses para poder culminar la operación de venta “y para que el nuevo titular (Claudia Márquez y marido) que ya conoce de la orden de ejecución, puedan presentar la documentación pertinente”, señala literalmente.

“Esta es la cronología y estos son los datos que certifican que Claudia Márquez, en su calidad de delegada municipal de Urbanismo, dictó una orden de ejecución sobre un inmueble que ya era de su propiedad. Hemos sido siempre muy respetuosos con la persona, pero, está claro, que vamos a exigir toda la responsabilidad política que la concejala socialista tiene en este asunto y que, es lícito sospechar, Patricia Cavada conoce”.

Abundó Carmen Roa en el hecho de que “no es plato de buen gusto una situación como esta, pero formamos parte de la Corporación y somos miembros de la oposición y como tales estamos en la obligación de exigirnos y, por tanto, de exigir al gobierno municipal su ejemplaridad y una conducta irreprochable que, en este caso y a la vista está, no se ha dado”.

El PP afirmó que “no estamos dando todos los datos de los que disponemos por respeto, pero sabemos, por ejemplo, el precio por el que se ha vendido ese inmueble y que está completamente fuera de mercado”.

Por último, la concejal del PP exigió a Patricia Cavada el cese de Claudia Márquez “ante estas evidencias que, sospechamos, la alcaldesa ya conocía. No puede continuar defendiéndola a no ser que persista en esa actitud un interés desconocido. Le recordamos a la alcaldesa socialista que mantiene en su gobierno a una concejala que va contra los técnicos municipales por el simple hecho de hacer correctamente su trabajo, que intentó reformarse su casa sin pedir licencia de obras como estamos obligados todos los ciudadanos y que se dictó una orden de ejecución”.