El Ayuntamiento acuerda con las trabajadoras la gestión directa del servicio de ayuda a domicilio a través de una empresa pública.

Después de meses de mucho trabajo conjunto y de estudiar varias alternativas jurídicas (la última ha sido descartada por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado) esta solución que se plantea ahora permitirá una mejora del servicio además de dar una respuesta a las peticiones de las trabajadoras.

Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio y el Ayuntamiento han encontrado una solución a las reivindicaciones de reducción de la jornada laboral de 39 a 35 horas semanales. Después de varios meses de intenso trabajo estudiando todas las posibilidades jurídicas, de reuniones con el colectivo para ir abordando la situación y tras recibir un informe negativo a la propuesta de incluir cláusulas sociales en el futuro contrato del servicio de Ayuda a Domicilio, el Ayuntamiento ha acordado con las trabajadoras que se hará cargo de la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio a través de una empresa pública. Esta solución que en el origen de la reivindicación era una opción que descartaban las trabajadoras, ahora, una vez descartadas las otras opciones se ha ajustado al máximo para que permita incluir sus mejoras laborales y por finalmente es la opción que da solución al problema y en la que vamos a trabajar.

Así lo ha anunciado la alcaldesa, Patricia Cavada, quien ha manifestado que el Gobierno municipal ha adoptado esta vía tras recibir la negativa de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que descarta la última alternativa planteada por el Ayuntamiento de incluir en el pliego de condiciones de la nueva licitación la petición de la reducción de la jornada laboral de 39 a 35 horas semanales.

El Ayuntamiento de San Fernando realizó esta consulta al organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Función Pública para conocer si se podía incluir esta mejora laboral en el futuro contrato, al entender que tanto la Ley de Contratos como la Directiva Europea recogen la posibilidad de que los contratos sirvan para alcanzar objetivos sociales más allá de cubrir las necesidades de la Administración. No obstante, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado ha descartado este argumento al considerar que las mejoras sociales en los contratos, en este caso el de Ayuda a Domicilio, es contraria a derecho.

Ante esta negativa el Gobierno local ha optado por la solución de la gestión directa del servicio. “Desde el Gobierno municipal creemos que esta es la mejor solución. Han sido varios meses intentando buscar una salida, que permitiera, mediante la inclusión de cláusulas sociales en el pliego de licitación del servicio, mejorar las condiciones laborales de la plantilla.

Hemos barajado varias alternativas desde la posibilidad de incrementar la disponibilidad presupuestaria del futuro contrato a modificar el pliego técnico introduciendo cláusulas concretas de mejoras laborales pero hemos recibido la negativa del Consejo Consultivo a esta última alternativa. Han sido varios meses de mucho trabajo conjunto”, ha señalado la alcaldesa.

Patricia Cavada señala que “desde el gobierno, siempre se ha defendido, a pesar de los pronunciamientos de los distintos tribunales administrativos, que la Ley del Contrato del Sector Público sí admitía la vía de incluir cláusulas sociales en los contratos públicos. Este fue el motivo por el que elevé la consulta a la Junta Consultiva del Sector Público, pero ante su negativa hemos tenido que buscar otra salida distinta para las trabajadoras”.

La alcaldesa señala que “aunque no estamos de acuerdo con el informe del Consejo Consultivo, creemos que esta solución, que inicialmente no era la opción que defendían las trabajadoras y tras descartarse todas las opciones planteadas, es la que se ajusta a sus necesidades y reclamaciones. A partir de ahora seguiremos trabajando de la mano hasta culminar todo el proceso”.

En este sentido, Cavada lamenta que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, conocedor de las reivindicaciones de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio, “haya sido incapaz de dictar una Ley que resuelva un problema generalizado en todos los ayuntamientos de Andalucía, amparándose en un Decreto que no ofrece una solución y dejando a los ayuntamientos desamparados cuando está en manos del presidente y de la Consejería de Servicios Sociales poner fin a esta situación”.

Por último, asegura que “la gestión a través de una empresa municipal será la vía más adecuada para garantizar la mejora del servicio público al mismo tiempo que se mejoran las condiciones laborales de la plantilla, consiguiéndose así la reducción de la jornada laboral que viene demandando”. “Las trabajadoras y trabajadores que cuidan de nuestros mayores y de quienes no tienen autonomía deben tener unas condiciones dignas de trabajo y esto redunda en una mejora del servicio que prestan”, ha subrayado la alcaldesa.

Esisa asumirá las competencias de Ayuda a Domicilio.

La Empresa de Suelo Isleña (Esisa) será la encargada de la gestión directa del Servicio de Ayuda a Domicilio, ampliando así su concepto social como empresa pública. Para ello será necesario modificar sus estatutos incorporando este servicio a la labor de desarrollo de vivienda pública que tiene encomendada desde su creación.

El equipo de gobierno ha traslado al comité de empresa de las trabajadoras de Ayuda a Domicilio que a lo largo de este mes de agosto se realizará el análisis y la planificación de la tramitación necesaria para que Esisa asuma las competencias del Servicio de Ayuda a Domicilio.

“Trabajaremos intensamente, ha subrayado la alcaldesa Patricia Cavada, para que en el plazo máximo de un año, conscientes de la dificultad que conlleva, esté culminado todo el procedimiento administrativo”. Así, la Empresa de Suelo Isleño iniciará en los próximos meses una nueva etapa de cambios tanto de competencias como de imagen corporativa, todo ello encaminado a impulsar su actividad y promover su potencial como empresa pública.

Cabe recordar que el Ayuntamiento de San Fernando ha optado también por hacerse cargo de la gestión del agua y del alcantarillado a través de la creación de una empresa mixta pública-privada, en la que el Consistorio contará con el 51 por ciento del accionariado, un sistema de gestión que el Gobierno local considera más eficiente y adecuado donde la gestión política de un recurso público fundamental como el agua gana peso, dentro de una apuesta social y medioambiental. Pero además con una visión a largo plazo, que permitirá una mayor capacidad de decisión y de control de este recurso y todo el ciclo integral asociado a él.

Esta apuesta obedece al compromiso absoluto del equipo de gobierno con los servicios públicos, con la mejora de las prestaciones y de las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras, una apuesta que pasa por la participación directa del Ayuntamiento en la prestación de aquellos servicios públicos que no requieran de un conocimiento técnico del sector y que la intervención directa del Ayuntamiento contribuya a mejorar el servicio que se presta a la ciudadanía.