Romero: “Cavada no puede mantener a Márquez en el gobierno cuando informes municipales técnicos y jurídicos advierten sobre supuestas falsedades documentales y obras no sujetas a la Ley”

AxSí considera que lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de San Fernando no tiene precedentes en la historia municipal y es de tal gravedad que espera que la justicia investigue las responsabilidades por las irregularidades además del papel de Cavada al haber presidido la Comisión Municipal de Patrimonio que aprueba el proyecto y autorizado las obras.

El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero ha valorado, en primer lugar, los informes técnicos y jurídicos municipales que confirman las irregularidades en torno a la adquisición y obras en la finca comprada al Obispado por parte de la Delegada de Urbanismo de Cavada. Unos informes que derivan en un Decreto de su compañero de gobierno contra el que ha anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo. El líder de AxSí se refiere al informe técnico sobre estas obras elaborado y firmado los pasados 16 y 17 de marzo por los arquitectos municipales.

Para comenzar este documento indica que en el plano remitido por el Servicio de Rentas se observa que la única construcción en planta alta de dicho inmueble tiene una superficie construida de 24 metros cuadrados frente a lo dibujado como supuesto estado de la finca en el documento técnico aportado por la arquitecta y Delegada de Urbanismo, que establece un volumen mayor, concretamente una superficie construida de 44,60 metros cuadrados. “El informe detalla que los documentos y planimetría recabada al Servicio de Rentas del Ayuntamiento sobre la finca, la fotografía aérea municipal de 2009 y numerosas evidencias observadas de manera presencial indican que el estado de la finca reflejado en los planos del documento de la propietaria no obedece a la realidad justamente anterior”, señala Romero. “El informe recuerda que en el caso de que los proyectos contengan falsedades, esto ya se encuentra tipificado en distintos regímenes disciplinarios normativos como por ejemplo el penal. En concreto, podría estar incurriéndose en delito de falsedad documental tipificado en los artículos 390 y siguientes del Código Penal”, explica el portavoz.

Por otro lado, apunta Romero, entre las conclusiones de este informe se justifica que la orden de ejecución bajo la que se realizaron las obras “ni ampara ni puede amparar una ampliación volumétrica. “Una orden de ejecución es una herramienta urbanística legislada para obligar al propietario a cumplir con el deber de conservación de su edificación. Por tanto, no ampara la reconstrucción de algo que no existía. Es más, incluso si hubiese existido este castillete la actuación hubiera necesitado de un procedimiento de licencia de obras y no de un expediente de orden de ejecución cuyo único fin es la seguridad, salubridad y ornato público”, destaca el portavoz.

A continuación el líder de AxSí se refiere al informe jurídico municipal del 21 de marzo de 2022. Un documento que comienza recordando que la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico de 25 de mayo de 2020 en la que se dictaminó de forma favorable el proyecto de esta actuación fue presidida por Cabada y que mediante Decreto de Alcaldía del 11 de junio de 2020 autorizó el inicio de los trabajos. Romero explica que este informe jurídico también considera concluyente que se está edificando en la primera planta un elemento que no se corresponde con el estado de la finca en el momento de presentar y acometer las obras y que, en ningún caso, el contenido del proyecto se identifica con el objeto de la orden de ejecución. De la misma manera, insiste en que la orden de ejecución no es un título legítimo para una ampliación vertical, existiendo mecanismos de restablecimiento de la legalidad que llevarían de forma obligatoria a una revisión de oficio o a la presentación de un recurso extraordinario de revisión a fin de impugnar la resolución.

Y concluye el informe jurídico que las obras que excedan el castillete preexistente y no se hayan contemplado en la orden de ejecución dictada, deberían paralizarse de conformidad con ley urbanística, que se debería incoar el procedimiento para el restablecimiento de la legalidad y los procedimientos sancionadores a los que hubiera lugar. En consecuencia el señor Rodríguez, Delegado de Hacienda de Cabada, ha dictado obligado por estos informes con fecha de 28 de marzo un Decreto por el que incoa un procedimiento para “el restablecimiento del orden jurídico perturbado por estar ejecutando obras de ampliación edificatoria por más de veinte metros cuadrados” que no tienen cobertura legal alguna. Recordemos que Cabada mintió rueda de prensa el 30 de marzo defendiendo a su concejala y hablando de 3,50 metros de “discrepancias técnicas”. Éste es el acto administrativo del gobierno de Cabada que pretende recurrir la señora a Márquez sentada en el gobierno de Cavada.

Por consiguiente y, en segundo lugar, desde AxSí no se entiende la reciente redistribución de competencias anunciada por Cavada con nocturnidad y alevosía en la tarde del Miércoles Santo, creyéndose Adolfo Suárez legalizando al Partido Comunista aquella Semana Santa. Intenta despachar la alcaldesa este escándalo urbanístico con el contumaz mantenimiento en el gobierno de Márquez que cambia sus responsabilidades en materia de Urbanismo para asumir las de Desarrollo Económico. “Aunque con otras competencias como la Agenda 2030 (ese cajón de sastre que el PSOE usa para colocar al señor López Gil y ahora a la señora Márquez), sigue presente en el gobierno municipal una concejala a la que cada vez apuntan más evidencias de presunta falsedad documental, conflictos de intereses que ignora sistemáticamente y demás procederes ilegales ya que no olvidemos que podría haberse aprovechado de su condición de delegada de Urbanismo para adquirir la finca al Obispado y luego firmarse una orden de ejecución que sirvió para ahorrarse impuestos y actuar muy por encima de esa orden. El sitio de la señora Márquez ya no ésta en el gobierno local. Su forma de proceder la excluye éticamente de la política, diga lo que diga finalmente la Justicia desde el punto de vista penal. Justicia por tanto que de primeras debería investigar si en este escándalo se ha valido de su posición para adquirir la finca en determinadas condiciones económicas tras autodictarse una orden de ejecución”, afirma el portavoz.

Además, continúa Romero, la Justicia debería también investigar la complicidad o colaboración necesaria de la propia alcaldesa. “No hay que olvidar que Cavada presidió la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico, convocada de forma apresurada, en la que se dictaminó favorablemente el proyecto y que fue un Decreto suyo el que autorizó el inicio de los trabajos. Ha sido el único hito administrativo, el único momento hasta la reciente abstención en el que la Delegada de Urbanismo se aparta y deja que Cavada ocupe su lugar. Dicha Comisión siempre la ha presidido la Concejala de Urbanismo y de manera excepcional fue relevada por la alcaldesa, lo que prueba de manera fehaciente que Cavada conocía que esa finca había sido comprada por su concejala al obispado, sobre la que pesaba una orden de ejecución dictada así misma por la propia Márquez, cuyo proyecto de reforma iba mucho más allá de la misma y que por todo esto le tuvo que pedir que la sustituyera. De igual forma, también debería la Justicia investigar el lamentable hecho que la señora Márquez propusiera la contratación pública con fondos municipales de los arquitectos que le estaban firmando los proyectos, contratos firmados por el señor Rodríguez como Delegado de Hacienda.

No obstante, Cavada la premia y la pone ahora al frente de otra área de gestión presupuestaria consistente en captar subvenciones y manejar fondos europeos. La misma cuyo cónyuge es administrador, porque la titularidad es ganancial, de una empresa que se dedica a conseguir licitaciones y subvenciones públicas, empresa domiciliada en la única vivienda que discrepaba de las adjudicaciones de la rehabilitación de los bloques de Bazán. De nuevo puede haber conflictos de intereses como los dos que han llevado a sendos expedientes de abstención consecutivos. El problema no es el área en la que Cabada coloque a Márquez sino el comportamiento ético de quien gestiona esa Área municipal y que ya ha quedado más que en entredicho”, detalla el líder de AxSí.

Por último y por ahora, fíjense cómo actúa el PSOE de Cavada. El 29 de marzo es abierta la notificación de los informes y Decreto que ordena la paralización de las obras por parte del cónyuge de la señora Márquez a las 21:36 horas, momento desde el que se supone tienen conocimiento de los mismos. Pues bien, el gobierno de Cavada manda nota de prensa cuatro horas antes haciéndose eco de su contenido y anunciando recurso contra la resolución municipal. Como prueba, por ejemplo, la publicación de la noticia en el Diario de Cádiz a las 18:18 horas. Se filtra por el gobierno de Cavada los informes y la resolución a la señora Márquez antes de que los conozca y abusa la alcaldesa de la tramitación correcta de los procedimientos prevaliéndose de su posición privilegiada para poder preparar y trasladar un pronunciamiento público en el que se miente y se anuncia recurso contra un Decreto al que se accede horas más tarde. Una Alcaldía que se corrompe cada día más desde oscuras y reprobables prácticas políticas.

Todo debe ser aclarado e investigado a fondo en sede judicial y que decida las responsabilidades por estas irregularidades. “Lo que no es tolerable y lógico es que PSOE y Cs sigan encubriendo una situación insostenible y manteniendo en el poder a una concejala que se ha aprovechado de su condición y ha engañado a los propios técnicos municipales