Denuncian que la concesionaria de la Ayuda a Domicilio lleva años sin pagar los desplazamientos
Este nuevo incumplimiento ha sido ya denunciado ante la Inspección de Trabajo. Clarossca lleva años sin pagar a muchas de las trabajadoras contraviniendo el Convenio Colectivo. Las trabajadoras le reclaman que regularice la situación y abone los salarios atrasados.
Una nueva denuncia ha sido interpuesta por las representantes de las trabajadoras del Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de San Fernando.
En este caso se trata del impago del tiempo empleado por las auxiliares en los desplazamientos éntrelos distintos servicios a los que acuden a atender a los dependientes isleños.
“La empresa lleva desde el inicio del contrato sin pagar estos desplazamientos a las compañeras que son, y han sido (muchas ya no están trabajando en la empresa), eventuales, o que tienen contratos de fines de semana, de sustituciones de otras compañeras o que se encuentran en bolsa de horas. No se los han incluido en los cuadrantes y la empresa no se los ha pagado como tiempo efectivo de trabajo, tal y como obliga el Convenio”, han señalado desde la representación sindical de la plantilla.
Citan el artículo 39.2.A) del VII Convenio Estatal de la Dependencia, que es el aplicable, que dice textualmente: “Tendrán la consideración de trabajo efectivo tanto las horas que se dediquen a la asistencia en el domicilio de la persona usuaria como las empleadas en desplazamientos entre servicios realizados consecutivamente...”.
Ante esta situación, y tras notificárselo repetidas veces a la empresa, no les ha quedado otra alternativa que denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo en el día de hoy. “Han sido muchas las veces que se ha intentado hacerle ver a la empres a que tiene que cumplir con el Convenio, con el Estatuto de los Trabajadores y con el Contrato firmado con el Ayuntamiento; pero esta no se aviene a razones e incumple descaradamente con sus obligaciones. No nos queda otra alternativa que denunciar”.
Y añaden que “El Ayuntamiento es plenamente consciente de esta situación y, como les obliga el artículo 201 de la Ley de Contratos del Estado, debe garantizar el cumplimiento de los convenios colectivos y demás leyes laborales en los contratos que suscribe para dar a empresas privadas la gestión de servicios públicos, como es este caso”.