Llevan a Pleno un Plan de Salud Mental que garantice el 10 por ciento del presupuesto sanitario
El portavoz del Grupo Municipal AxSí, Fran Romero, ha adelantado el contenido de una de sus mociones que la formación llevará al próximo Pleno ordinario. Que no es otro que se ponga en marcha un Plan de Salud Mental que garantice el 10 por ciento del presupuesto sanitario a este fin de manera que incremente la ratio de profesionales de psicología y psiquiatría, reduzca tiempos de espera entre citas, incorpore un psicólogo clínico en los Centros de Atención Primaria y realice campañas de sensibilización.
La pandemia ha dado mayor visibilidad a una triste realidad que ya estaba ahí y que no era atendida como merecía: lo expuestos que estamos todos a los problemas vinculados a la salud mental y las graves carencias de una sanidad pública cuyos responsables políticos no apuestan por la atención de las personas afectadas por estas dolencias. La sociedad en la que vivimos, llena de incertidumbre, también contribuye a agravar estos problemas. Es difícil que la depresión y la ansiedad no se adueñen de aquellos hogares donde hacen habitual acto de presencia lacras como el desempleo, la falta de recursos, la precariedad laboral, la ausencia de la conciliación entre las vidas laboral y familiar, el estrés, la soledad o el abuso en cualquiera de sus formas.
La pandemia ha hecho más visible esta realidad porque sus efectos nos han hecho más conscientes de nuestra propia vulnerabilidad. No ayudaron el confinamiento, la posterior desescalada y unas restricciones que, si bien necesarias, hicieron mina en todos nosotros, en nuestra forma de socializar. Dos años largos y complicados en los que durante un tiempo tuvimos que encerrarnos en casa sin poder evadirnos de nuestros problemas. Es lógico que frente a esta merma de libertad aflorasen la depresión y la ansiedad y que las advirtiésemos más cercanas, amenazadoras y tangibles que nunca. Todos estamos expuestos.
Y esa cercanía es la que precisamente ha hecho que comencemos a normalizar las dolencias vinculadas a la salud mental y a asumir que esta es una lucha de todos. Ha hecho que dejemos de estigmatizar a estos enfermos y que tomemos conciencia de que una enfermedad mental puede ser tan incapacitante y grave como una física y que las afecciones mentales merecen una atención adecuada y de calidad por parte de la sanidad pública. No son menos graves o urgentes por no ser visibles de forma inmediata. No son enfermedades inventadas y aquel que las sufre debe ser tratado al primer síntoma o aviso de ayuda, porque una depresión profunda puede llevar a comportamientos autolíticos o incluso a hacer que alguien termine tomando la decisión de quitarse la vida.
De hecho, España afronta su máximo histórico de suicidios con los centros de salud mental saturados. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2020 se registraron un total de 3.941 casos de suicidio, de los que 793 se produjeron en Andalucía. Estos son los peores datos desde que se tienen registros. Se han disparado los trastornos psiquiátricos en adolescentes y jóvenes y los casos de depresión e ideación suicida. Además, los psiquiatras denuncian que la ratio está por debajo de la media europea y que los nuevos casos tensionan un sistema que ya es precario. La saturación y las esperas para ser atendidos en materia de salud mental por la sanidad pública hace que muchas personas con escasos recursos queden sin atención ante la imposibilidad de costearse un tratamiento privado.
San Fernando tampoco escapa a esta situación, como arrojan los datos de la Unidad de Salud Comunitaria del Hospital de San Carlos. Allí la lista de espera para ser atendido por un psicólogo ronda un año, mientras que el tiempo para ser atendido por un psiquiatra oscila entre los seis y los ocho meses. La atención inmediata sólo se produce en casos graves o urgentes, como intentos de suicidios, brotes psicóticos o encefalopatía crónica traumática. De hecho, los profesionales de esta unidad están atendiendo a una media de 700 pacientes al mes, la mayoría de San Fernando, aunque llegan pacientes de otras localidades de la Bahía de Cádiz, ya que no todos los municipios cuentan con puntos de Salud Mental. Esta saturación hace que los médicos de cabecera también atiendan a personas con trastornos mentales, que pueden suponer en torno al 15% de sus pacientes.
Desde AxSí entendemos que es responsabilidad de las administraciones competentes, en este caso de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía pero también del Ministerio de Sanidad, articular herramientas para asegurar una atención adecuada de las personas con enfermedades mentales por parte de la sanidad pública. Conocemos la Ley que se está tramitando al efecto en las Cortes Generales y esperemos llegue a buen puerto con una apuesta presupuestaria que responda realmente a la situación que vivimos. Todos los poderes públicos deben estar involucrados en esta materia. Porque no se puede derivar a la sanidad privada y menos en tiempos en los que este tipo de dolencias se agravan. Consideramos que las administraciones estatal y autonómica, en el ámbito de sus competencias, deben reforzar presupuestariamente con carácter de urgencia los medios humanos y materiales necesarios para garantizar una cobertura suficiente en materia de salud mental. Queda mucho trabajo por hacer y ningún tiempo por perder, ya que el bienestar y la vida de muchas personas dependen de ello. Son carencias históricas que se se han de solucionar de forma prioritaria.
Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Andalucía Por Sí, propone la adopción de los siguientes acuerdos:
Primero: instar a las administraciones central y autonómica andaluza para que en el ámbito de sus competencias pongan en marcha un Plan de Salud Mental que garantice el 10 por ciento del presupuesto sanitario a este fin de manera que incremente la ratio de profesionales de psicología y psiquiatría, reduzca tiempos de espera entre citas, incorpore un psicólogo clínico en los Centros de Atención Primaria y realice campañas de sensibilización.
Segundo: dar traslado del presente acuerdo a la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.