El próximo 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Este año 2021, que sigue marcado por la pandemia de la Covid-19 y la crisis social y económica, suma y agudiza la situación de desigualdad que sostiene a un sistema que no protege, ni ofrece vidas dignas y seguras a las mujeres.

La violencia machista, violencia que va más allá de la violencia de género dentro de la pareja o ex pareja, abarca todas las violencias que se ejercen sobre las mujeres por el hecho de serlo. “La violencia sexual forma parte de la vida diaria de las mujeres en nuestro país. Los datos muestran que, en nuestro país, una de cada dos mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida por ser mujer y que una de cada siete ha sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja, actual o pasada, en algún momento de su vida. En estos últimos doce meses, casi 400.000 mujeres han  sufrido violencia física y/o sexual de alguna pareja, actual o pasada”, apunta Gonzalo Alías, coordinador local de IU y del Núcleo Comunista Pepe Casado.

Alías desglosa que “hablar de violencia machista no es sólo hablar de los 36 asesinatos de mujeres víctimas de violencia de género en lo que va de año: es hablar de los 21 menores que han quedado en situación de orfandad por esta violencia, es hablar de las más de 36.000 mujeres que viven con protección policial de riesgo por violencia de género, de las más de 67.000 mujeres protegidas por el sistema Viogen, de las más de 16.000 usuarias activas en el servicio telefónico de atención y protección para víctimas de Atempro o de las cerca de 2.500 pulseras telemáticas instaladas para vigilar el alejamiento del agresor, de las cuales 190, las llevan mujeres menores de 21 años”.

“Estamos viviendo un colapso de unos servicios jurídicos, sociales y sanitarios precarizados y recortados ya antes de la crisis del coronavirus, que no pueden pagar las víctimas de violencias machistas. Necesitamos políticas que pongan la protección de las personas en el centro, especialmente las más vulnerables y las que van a sufrir las peores consecuencias, como lo son esa mayoría de mujeres en las posiciones más precarias y vulnerables tanto en el aspecto laboral como en el social”, incide Alías.

Por eso, Izquierda Unida exige que en La Isla el gobierno de Cavada fortalezca los recursos humanos y materiales que impulsen el Plan de Igualdad, la planificación y la evaluación de las políticas de igualdad, constituyendo o municipalizando los servicios de atención directa y acogida a las víctimas de violencia machista; evalúe la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en la ciudad; desarrolle planes de formación y sensibilización contra la violencia de género de obligado cumplimiento al personal sanitario, educativo, jurídico y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con cursos mantenidos en el tiempo, actualizados y evaluables; así como que desarrolle y profundice en las campañas de concienciación e información específicas para el contexto actual, implicando a los entornos cercanos a las mujeres que sufren la violencia para que las apoyen y comuniquen la situación a las administraciones correspondientes.

“La violencia machista es un problema estructural, no uno privado, y una violación de los derechos humanos. Requiere de inmediato unas políticas fuertes que pongan freno a la violencia, reconozcan los derechos de las víctimas y se traduzcan en recursos”, concluye Alías.