Las obras para eliminar los contenedores de basura ubicados junto a la Iglesia Mayor se adjudicaron en marzo por 125.000 euros.

El gobierno de Patricia Cavada continúa sin afrontar ni las obras ni una solución coordinada con comerciantes, hosteleros y vecinos.

La concejala del Partido Popular (PP), Carmen Roa, ha llamado la atención sobre la falta de noticias respecto a las obras para la eliminación de los contenedores del callejón de la Soledad.

Roa recuerda que el gobierno de Patricia Cavada anunció “a bombo y platillo” en octubre de 2020, la licitación de una obra que, supuestamente, iba a acabar con el problema de los contenedores ubicados junto a la Iglesia Mayor.

No obstante, la obra no se adjudica hasta febrero de este año, por un importe que supera los 125.000 euros y con un plazo de ejecución de cinco meses.

Al respecto, Roa señala que la solución al problema de higiene que provocan los contenedores de basura ubicados junto a un monumento con la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) llega muy tarde.

Asimismo recuerda que la solución que aporta el gobierno municipal “no nos parece la más adecuada”. Concretamente la obra adjudicada aborda la ampliación de los contenedores soterrados ya existentes en las calles González Hontoria, Cervantes y San Diego de Alcalá. “Esto, a nuestro entender y, también, al de los vecinos y comerciantes afectados, no soluciona el problema, que no es el de la capacidad de los contenedores de basura sino la ubicación de estos y el correcto servicio que habría que prestar desde el Ayuntamiento”, afirma.

La edil subraya que el gobierno de Cavada no soluciona un problema, sino que lo traslada de lugar.

Los comerciantes y hosteleros “precisan de otras medidas, algunas ya propuestas por el PP y que se llevan a cabo en ciudades de toda España, caso de la entrega de contenedores a los establecimientos y la recogida por parte de la empresa concesionaria. Es una solución, pero hay más. Cavada solo tendría que haberse sentado con los técnicos y los afectados para haberse dado cuenta.”

No obstante, cuestiona la concejala popular, si el plazo de ejecución de las obras, adjudicadas en febrero y que deberían haber comenzado en marzo, era de cinco meses, ¿qué es lo que ha pasado? No hay ningún movimiento que invite a pensar en el inicio de los trabajos.

“¿Qué ha frenado esta obra que ya contaba con su presupuesto? ¿la incapacidad manifiesta del gobierno? ¿la empresa adjudicataria?”, se pregunta.

Finalmente, Carmen Roa espera que se solucione este problema que, incluso, ha llegado al Defensor del Pueblo, y que este parón no vuelva a afectar a los isleños “y, como ya estamos acostumbrados en cada cosa que hace este gobierno, finalmente nos cueste más dinero del inicialmente previsto para ello”.