OMIC San Fernando entre las oficinas municipales de la provincia que acudieron al encuentro sobre el nuevo régimen jurídico sobre el consumo.

El director general de Consumo se reúne con las OMICs y asociaciones de Cádiz para abordar los cambios en el decreto que regula las hojas de quejas y reclamaciones.

La delegada territorial de Salud y Familias preside este encuentro sobre el nuevo régimen jurídico, publicado en el portal de transparencia y en fase de alegaciones.

La Delegación Territorial de Salud y Familias de la Junta en Cádiz ha reunido este viernes 7 de mayo a representantes de las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC) y a asociaciones dedicadas a los consumidores de la provincia para abordar las modificaciones en el decreto que regula las hojas de quejas y reclamaciones en Andalucía, publicado y en fase de alegaciones. La delegada del ramo, Isabel Paredes, junto a su jefa de Servicio de Consumo, Angélica González, ha recibido al director general de Consumo de la Consejería de Salud y Familias, Alberto Fernández, y a Daniel Escalona, jefe del Servicio de Mediación, Reclamaciones y Arbitraje, presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Andalucía y secretario de los consejos Andaluz de Consumo y de Personas Consumidoras y Usuarias de Andalucía.

Paredes ha querido agradecer la presencia de los dos representantes de la Dirección General de Consumo de la Consejería en Cádiz, donde también estuvieron el pasado año atendiendo las dudas y propuestas de los colectivos provinciales dedicados a los consumidores en torno a este Decreto 472/2019, de 28 de mayo, que entró en vigor el 4 de diciembre de 2019.

El nuevo régimen jurídico de las hojas de quejas y reclamaciones en Andalucía ha supuesto una importante mejora en la protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía a través de la simplificación del formulario de hoja de quejas y reclamaciones; concreción de las obligaciones empresariales en la publicidad, entrega y respuesta a las hojas de reclamaciones que reciban; y racionalización y normalización del procedimiento administrativo.

Sin embargo, en la aplicación práctica por los gestores, también se observaron una serie de aspectos que debían ser mejorados, ello sumado a la situación actual que se está viviendo por la pandemia de la covid-19, lo cual aconsejaba profundizar en la tramitación electrónica de las hojas de quejas y reclamaciones, así como en la simplificación del procedimiento administrativo.

Así, la Dirección General de Consumo desarrolló una evaluación inicial del Decreto 472/2019, dirigiéndose a todos los municipios de Andalucía; fruto de esta participación han sido numerosas solicitudes de reforma y mejora que han sido atendidas casi en su totalidad, principalmente en lo referido al reconocimiento y potenciación de las OMICs, la simplificación y flexibilización de la tramitación administrativa y el impulso a la telematización.

Es por ello que la delegada ha destacado “la participación de OMICs y asociaciones de consumidores en el nuevo decreto y la sensibilidad de la Dirección General de Consumo con sus peticiones, lo cual, dará lugar a un nuevo régimen jurídico mejorado”.

En este sentido, el director general de Consumo ha recordado que cuando estuvo en la Delegación el pasado año “nos comprometimos a atender y solucionar los problemas que nos pusisteis encima de la mesa y ahora tenemos un documento muy trabajado, fruto del consenso, del que sois artífices”. El borrador del decreto, aún en plazo de alegaciones, está publicado en el portal de transparencia.

A continuación, Daniel Escalona ha desarrollado una ponencia para dar a conocer el estado actual del decreto y escuchar las dudas y aportaciones de los asistentes. Al acto han sido invitados los representantes de aquellos ayuntamientos gaditanos con OMICs (Algeciras, Arcos, Barbate, Cádiz, Chiclana, Chipiona, Conil, El Puerto, Jerez, La Línea, Los Barrios, Puerto Real, Rota, San Fernando, Sanlúcar, San Roque, Tarifa y Ubrique), de la Junta Arbitral de Consumo de la provincia, dependiente de la Diputación, y de las asociaciones Al Andaluz, Facua, Adicae y Unión de Consumidores.