Mañana 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, se cumple con la fecha elegida por la mayoría del equipo de gobierno de Cavada y del grupo municipal Ciudadanos, para suprimir el derecho legítimo a la cobertura sanitaria de los funcionarios municipales procedentes de la antigua Munpal, que accedieron a la Administración Pública antes del año 1993, sin haberse resuelto todavía la integración de todos los funcionarios afectados en la Seguridad Social y la adjudicación de las tarjetas sanitarias del Servicio Andaluz de Salud, para la elección de médico y retirada de medicamentos prescritos en las farmacias.

Curiosamente, sin analizar la dificultad de realizar los trámites de integración durante este periodo de pandemia, sin negociación colectiva y con la disconformidad de todos los sindicatos, un partido que utiliza en sus siglas la denominación de Obrero, como defensores de la clase trabajadora, es quien ha aprovechado junto con el partido Ciudadanos, para eliminar un derecho reconocido, personal y particular conseguido por los funcionarios provenientes de la Munpal, que accedieron al ayuntamiento de San Fernando con anterioridad a marzo de 1993, y que expiraba con la jubilación, conforme a la normativa vigente en la actualidad y que lo mantienen otros ayuntamientos andaluces y españoles, mediante un contrato público de asistencia sanitaria para sus empleados.

Resulta sospechoso, la impaciencia de la alcaldesa en la transición en el proceso de integración a la Seguridad Social de los funcionarios afectados, la desidia del Concejal de Recursos Humanos en la negociación colectiva con los representantes sindicales y la imprudencia de los Concejales que votaron por mayoría ese Acuerdo en el Pleno de diciembre de 2020, cuando resulta que hasta el próximo día 3 de mayo no se remitirán desde el ayuntamiento los documentos necesarios y acreditativos de cada funcionario integrado para presentarlos en el Centro de Salud que corresponda, debiéndose tramitar además el certificado de empadronamiento individual según el domicilio en San Fernando o donde residan en la provincia, para acreditar el derecho a la cobertura de sanidad pública de Andalucía.

En el expediente administrativo, del acuerdo de Pleno de fecha 17/12/2020, al que ha tenido acceso el Sindicato de la Policía Local Independiente de San Fernando (SPLI-Uplba), como parte interesada en defensa de los afiliados perjudicados, se expone que no existen antecedentes relativos a procedimientos de adjudicación para la selección del seguro de salud contratado hasta la fecha, sin que se haya justificado dichos gastos. Lo que puede entenderse como una mala gestión política de la coalición de gobierno PSOE y Ciudadanos, y demuestra su falta de capacidad para subsanar la inexistencia de procedimiento de contratación, conforme a la normativa vigente sobre la contratación en el sector público, en desamparo de los funcionarios municipales procedentes de la Munpal, al no haber ocurrido lo mismo con los gobiernos anteriores desde el año 1993.

En 2012 el Ayuntamiento fue obligado a reducir gastos y recortar 7.343.000 euros, conforme a la legislación vigente en aquel momento, con el Plan de Ajuste para el Saneamiento Económico y Financiero 2012/2022, aprobado en el Ayuntamiento de San Fernando en Pleno de fecha 30/03/2012, y entre las medidas de reducción de gasto municipal y ajuste económico, no se tuvo en cuenta los costes por la asistencia sanitaria del Colectivo de Funcionarios provenientes de la extinta Munpal, manteniéndose años tras años en los Presupuestos municipales bajo el concepto de gastos médicos/farmacéuticos personal municipal, respetando y reconociendo ese derecho legítimo, garantizando la suficiencia de la economía local y la naturaleza económica del gasto.

Tampoco consta, la asistencia sanitaria del Colectivo de Funcionarios provenientes de la extinta Munpal, como irregularidad en la adjudicación de contrato y requerimiento de gasto en el Informe de Fiscalización de Regularidad del Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), acordado y aprobado por unanimidad en el Pleno de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su sesión celebrada el día 17 de mayo de 2010, y publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 132), de fecha 7 de julio de 2010, mediante Resolución de 22 de junio de 2010.

Los funcionarios municipales afectados, que aprobaron sus oposiciones públicas con anterioridad a marzo de 1993, y accedieron al ayuntamiento de San Fernando con el reconocimiento de sus derechos como funcionarios de carrera, no son responsables de la situación económicamente caótica del ayuntamiento provocada por la mala gestión del actual gobierno de Cavada, cuando años tras años presumen de superávit y remanentes millonarios, y sin embargo no son capaces de solucionar una contratación pública, resuelta por los gobiernos anteriores, alegando causas económicas que afectan a determinados empleados municipales, sin contar con la conformidad de los sindicatos, y aprovechan su mayoría política para cancelar un derecho legitimo de los funcionarios de carrera provenientes de la extinta Munpal.