La plataforma política 3R ha anunciado que va a pedir amparo a otras instituciones públicas que tienen competencias en el ámbito de la protección de derechos fundamentales, como es el caso del Defensor del Pueblo Andaluz, así como a la máxima autoridad de la provincia en materia de seguridad ciudadana, es decir, el subdelegado del gobierno del Estado para que intervengan “en el peligrosísimo asunto de los socavones del firme de las calles isleñas de San Fernando”.

Hasta la fecha San Fernando ha registrado tres aperturas de socavones en diversas calles colindantes a la Iglesia Mayor, siendo dos de ellos de considerables dimensiones que pusieron incluso en peligro el tránsito de personas.

Hundimientos que han ocasionado pérdidas y fugas, y que a su vez han sacado a la luz pública el lamentable estado en el que se encuentra la red de saneamiento en dicha zona.

El primero tuvo lugar el pasado 30 de enero cuando se hundió un tramo de calzada en la calle Jorge Juan, dejando atrapado a un camión hormigonera que trabajaba en una obra cercana, y un camión del servicio municipal de limpieza el que se quedó atrapado el pasado 15 de octubre en la calle San Servando tras desprenderse también parte del firme. El último nuevo boquete en la calzada en la calle Albardonero a principio del mes de diciembre.

El Interventor General ha constatado que en los ejercicios de 2016 hasta 2019 el contribuyente isleño ha desembolsado 1.649.049,32 euros solo en materiales para el saneamiento de la ciudad.

Es por ello que la pregunta que lanza 3R a la alcaldesa Cavada es que si el dinero abonado se ha destinado exclusivamente en materiales de saneamiento o, por el contrario, para el arreglos de los firmes, o para ambos cometidos.