Por lo que respecta a los planes de contingencia, éstos tendrán que ser remitidos al órgano directivo competente en materia de protección civil en el plazo máximo de un mes y serán de aplicación mientras dure la situación de alerta sanitaria.

En los mismos, se expondrán las medidas que han adoptado ante esta situación al objeto de proteger la seguridad de las personas usuarias de las playas y garantizar el normal funcionamiento de los servicios. Entre las cuestiones que deberán incluir estos planes individualizados se encuentran medidas de autoprotección; carteles informativos, señalización y control de aforo; dotación extraordinaria del equipo de salvamento; medidas de refuerzo de limpieza, o vigilancia. Para todo ello se destinarán cinco millones de euros.

Otra de las cuestiones que se regulan en el decreto ley son los diferentes criterios de riesgo que van a ser tomados en consideración para la clasificación de las playas en tres categorías: libres (aptas), peligrosas (se puede acceder con limitaciones) o de uso prohibido, así como para la determinación de sus grados de protección (bajo, moderado o alto). El grado de protección lo determina cada ayuntamiento y se establece en función de criterios como pueden ser, entre otros, la afluencia de visitantes, el histórico de incidencias, si tiene actividades deportivas o si existe balizamiento en las zonas de baño.

En la normativa aprobada se regula también la elaboración por parte de los ayuntamientos de los planes de seguridad y salvamento de las playas y se establecen las medidas de prevención de las diferentes situaciones derivadas de emergencias producidas en las playas, tanto de carácter ordinario como extraordinario, entre las que se incluyen las derivadas de los riesgos sanitarios o biológicos, en el marco de la protección civil, y las medidas de coordinación operativa aplicables a tales situaciones.

Los planes de seguridad y salvamento en las playas serán obligatorios para aquellas playas clasificadas como peligrosas y libres que presenten un grado de protección moderado o alto. Los ayuntamientos deberán elaborar, aprobar e iniciar el trámite para la homologación, por la Comisión de Protección Civil de Andalucía, de estos planes en el plazo máximo de un año a partir del día siguiente a la entrada en vigor del presente decreto ley.

Los ayuntamientos que a la entrada en vigor del presente decreto ley tuvieran elaborados y aprobados planes de seguridad y salvamento dispondrán de un plazo de seis meses para adaptarlos a los criterios y contenidos establecidos en este decreto e iniciar el trámite para la homologación, por la Comisión de Protección Civil de Andalucía.

Para las playas en las que no sea obligatoria la elaboración de plan de seguridad y salvamento, y no se haya elaborado voluntariamente, los ayuntamientos establecerán protocolos y procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia y evacuación.

También se establece la puesta en marcha de un Catálogo General de Playas de Andalucía como instrumento al servicio de las diferentes administraciones públicas y de la ciudadanía en general, que permita conocer en cada momento los diferentes tipos de playas conforme a su clasificación, sus características físicas, los grados de protección por temporadas, en su caso, y los extremos relativos a la seguridad que sean relevantes para una eficaz intervención y coordinación ante emergencias ordinarias y de protección civil.

La gestión del Catálogo corresponde a la Consejería con competencias en materia de protección civil, que asignará un código de identificación a cada playa. Dicho catálogo estará disponible en la sede electrónica general de la Administración de la Junta de Andalucía de manera actualizada e incluirá también los planes de seguridad y salvamento, así como los planes de contingencia.

Recuperación medioambiental

Por otro lado, la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local ha informado al Consejo de Gobierno de la próxima convocatoria de ayudas previstas en la Orden de 19 de julio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la recuperación medioambiental y uso sostenible de las playas del litoral andaluz, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Se trata de un total de 5,5 millones.

La pandemia internacional del Covid-19 ha puesto de manifiesto la especial vulnerabilidad del sector turístico, que ha producido un impacto negativo sin precedentes en la actividad andaluza. Las entidades locales del litoral andaluz van a tener que realizar un esfuerzo económico importante para adaptar sus playas a las nuevas exigencias derivadas de la pandemia, dotándose de infraestructuras y equipamientos que favorezcan una adecuada implementación de las medidas de seguridad e higiénico-sanitarias a adoptar por los usuarios de las playas.

Por ello se ha considerado necesario convocar de inmediato las ayudas dirigidas a estas entidades locales andaluzas costeras, que  tienen como finalidad fundamental mantener e incrementar la calidad del litoral andaluz a través de la recuperación medioambiental y la consecución de un uso más sostenible de las playas, y ello en aras de mantener la actividad generadora de estas zonas, promover la sostenibilidad ambiental y socioeconómica del territorio andaluz y, junto a estas premisas, mantener una oferta de servicios turísticos de calidad, al tiempo que se facilita la adopción de las medidas higiénico-sanitarias necesarias para garantizar su seguridad.

En este sentido, entre los conceptos que se subvencionan con estas ayudas, se encuentran aquellas actuaciones que pongan en marcha las entidades locales costeras vinculadas a la limpieza, higiene y seguridad del litoral, o con la adquisición de bienes muebles destinados a la mejora de la seguridad de estas zonas.

Entre los gastos subvencionables contemplados en las bases reguladoras destacan la construcción, rehabilitación, reforma y adquisición o mejora de bienes inmuebles (a excepción de la adquisición de terrenos), o la adquisición de nueva maquinaria y equipos.