Ana Rojas, portavoz de Podemos San Fernando, ha responsabilizado directamente al PSOE de "obligar a las empleadas del Servicio de Ayuda a Domicilio a seguir trabajando y ampliar servicios sin la protección necesaria". La empresa Claros SCA sigue sin dar a las trabajadoras los Equipos de Protección Individual (EPI) "poniendo en riesgo no solo a las propias trabajadoras sino también a los usuarios del servicio y el PSOE no solo no respalda a las empleadas de este servicio público sino que les ha ampliado los servicios aunque no cuenten con la seguridad mínima para desempeñarlo".

Rojas ha declarado que "después de continuas peticiones al gobierno para que proteja a las empleadas, seguimos recibiendo quejas sobre la falta de material". Las empleadas, que solo recibieron unas mascarillas –no homologadas- y no tienen guantes específicos ni batas desechables, siguen trabajando de casa en casa atendiendo a personas "con el riesgo de no solamente contagiarse sino también de contagiar a usuarios" y pide sanciones a la empresa por no proporcionar los EPIs.

"En Las Palmas de Gran Canaria, la empresa concesionaria del SAD ha sido multada con 1.000 euros por cada día que no facilite el material a la plantilla", pidiendo al PSOE la misma sanción a Claros SCA hasta que den los equipos completos.

Rojas expone que además de la sanción administrativa, el Ayuntamiento plantee la ruptura del contrato con la empresa por reiteración "e incompetencia" en la falta de material protector a las trabajadoras y también por el incumplimiento de las condiciones laborales de las trabajadoras durante meses atrás y proyecte la municipalización del servicio para evitar el enriquecimiento de empresas "que no cumplen".

El servicio de ayuda a domicilio se considera un servicio esencial, por lo que no es posible su paralización total, "aunque sí es cierto que desde la Junta se decretó el 16 de marzo que la aplicación de servicios mínimos se dejaría a criterio de los ayuntamientos y diputaciones".

En este sentido, Podemos propone al gobierno decretar los servicios mínimos "para atender a las personas con mayor grado de dependencia o sin acompañamiento familiar hasta que lleguen todos los EPIs necesarios y se restablezca el servicio en su totalidad".

Rojas incide en la preocupación de las trabajadoras "no solamente porque algunas de las 132 que hay en San Fernando son pertenecientes al grupo de riesgo por patologías como diabetes, enfermedades inmunitarias y crónicas como renales, cardíacas o pulmonares, también mayores de 60 años y embarazadas, sino porque están en contacto con personas vulnerables y de alto riesgo".