La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, ha confirmado que la institución provincial ha pasado de la preocupación a la “movilización” en defensa de la red de atención a las personas con problemas de drogodependencias. Dicha evolución se motiva por la “indefinición” de la Junta de Andalucía en relación al mantenimiento de un sistema que cumple 35 años de servicio público y que reportó asistencia profesional a 6.700 usuarios de la provincia de Cádiz durante el año 2019.

Irene García expresó esta actitud en San Fernando antes de abrir junto a la alcaldesa de dicho municipio, Patricia Cavada, un encuentro técnico sobre ‘Actualización en la prevención de adicciones’. En este foro han participado profesionales de los centros de tratamiento ambulatorio (CTA) localizados en la provincia así como representantes de diferentes asociaciones. La jornada ha permitido exponer dos interesantes ponencias: las bases de actuación preventiva ante los juegos de azar en jóvenes –por parte del psicólogo del CTA de Cádiz, Carlos Atienza- y la herramienta preventiva ‘Cannbiando: las historias de Paula y Álex’ explicada por Isabel María Herrera del departamento de Psicología Social de la Universidad de Sevilla.

“Pretendía hablaros de las necesidades que quiere resolver la Diputación: por una parte las contrataciones que se requieren para mejorar la atención al usuario, y por otra las mejoras en los centros para proporcionar una asistencia cálida y cercana. Pero antes hay que exigir a la Junta de Andalucía que aclare el propio funcionamiento de esta red”. Así se ha manifestado Irene García ante el medio centenar de profesionales inscritos a la jornada.

Para la presidenta de la Diputación de Cádiz la red provincial “es la más extensa y completa de Andalucía”. Existen 16 centros de tratamiento ambulatorio si bien la cobertura del Servicio Provincial de Drogodependencias también alcanza a centros penitenciarios. Se estima que un 87% de la población gaditana dispone de un recurso especializado en su lugar de residencia. En esta respuesta asistencial convergen cien profesionales de diferentes disciplinas. Al respecto Irene García agradeció a los Ayuntamientos de San Fernando y de Cádiz su contribución económica.

Diputación dedica anualmente 4 millones de euros al mantenimiento de esta red en la provincia de Cádiz; la aportación de la Junta de Andalucía ronda los 2 millones de euros “pese a ser una competencia propia de la comunidad autónoma”, incidió Irene García al tiempo que reclamaba que la Junta “asuma el 50 por ciento de manera inmediata y renueve el convenio”.

La presidenta de Diputación considera que la Junta debe despejar cuanto antes la incertidumbre y no repetir el escenario del pasado año, “cuando hizo efectiva su aportación económica a mediados de diciembre provocando inestabilidad a los profesionales y a los usuarios de los centros”.