Agua potable

Denuncia que la modificación que propone el PSOE de Cavada penaliza sin justificación a familias y pymes isleñas

El Partido Popular (PP) ha registrado sus alegaciones contra la propuesta de modificación de la Ordenanza reguladora de las tarifas de distribución de agua, que fue aprobada inicialmente el pasado 21 de febrero con el único respaldo del PSOE de Patricia Cavada.

Los populares afirman que el texto sometido a información pública supondrá un incremento encubierto de ingresos a la concesionaria por valor de 400.000 euros, mientras que el ahorro estimado apenas alcanza los 16.000 metros cúbicos, lo que equivale a un insignificante 0,35  por ciento del consumo anual de la ciudad. “No existe un verdadero incentivo al ahorro, sino penalizaciones que gravan de forma desproporcionada el consumo medio de las familias y las pequeñas industrias de San Fernando”, señalan en su escrito.

Los populares advierten que la normativa sobre el consumo de agua llega al trámite de información pública sin que el equipo de Cavada haya ejercido una supervisión efectiva de los criterios técnicos y económicos que justifican una revisión media del 8,04  por ciento en el volumen total de ventas del servicio de agua para el año 2025. Este porcentaje no se traduce en un único aumento homogéneo, sino que varía según el tipo de consumo:

Uso doméstico, el primer, segundo y tercer tramo; + 8,24, 11,11, y 19,93 por ciento respectivamente. En cuanto al uso industrial y comercial el primer, segundo y tercer tramo; + 5,90, + 10,89, y +20,09 por ciento respectivamente.

“Es inaudito que la alcaldesa permita que el coste del agua para un hogar de consumo medio pueda dispararse casi un 20 % en el tercer tramo, mientras que las pequeñas y medianas empresas vean un incremento cercano al 20 % en su tarifa variable, sin una justificación transparente”, señalan en su escrito.

El PP destaca además la reducción de la bolsa social de 50.000 a 25.000 euros y el endurecimiento de los requisitos para acceder a las bonificaciones. Ahora -subrayan- quedan excluidos numerosos bloques de viviendas que tienen un contador comunitario y asociaciones vecinales, sin causa técnica que lo justifique. De este modo, colectivos vulnerables pierden protección precisamente por una responsabilidad atribuible al propio Ayuntamiento.

Asimismo, el expediente no incluye una memoria de costes auditada ni un informe económico solvente que avale el notable aumento tarifario. Tampoco consta informe favorable de Intervención, al contrario, el dictamen técnico es desfavorable, lo que refuerza la falta de rigor en la propuesta que denuncia el PP.

Por último, los populares recuerdan que la situación de sequía que motivó la revisión ha mejorado sustancialmente con las últimas lluvias, por lo que resulta inaceptable cargar a los ciudadanos con una subida masiva para un ahorro meramente simbólico.

Frente a esta realidad, el PP exige al gobierno del PSOE de Cavada que:

• Retire de inmediato la ordenanza en los términos actuales.
• Reabra el expediente con criterios de proporcionalidad, equidad y sostenibilidad social.
• Restituya la bolsa social a su cuantía original.
• Garantice que las futuras tarifas protejan a los ciudadanos y fomenten el uso responsable del agua, sin convertir el servicio en un negocio para la concesionaria.