El PP exige explicaciones urgentes a Cavada por las graves irregularidades denunciadas por la UTE adjudicataria del nuevo estadio de Bahía Sur.

María José de Alba: “Patricia Cavada tiene que dar explicaciones urgentemente ante una denuncia que pone en duda la legalidad del contrato, la seguridad del proyecto y la transparencia del procedimiento".

El Partido Popular de San Fernando ha reclamado una respuesta urgente, clara y pública de la alcaldesa Patricia Cavada tras conocerse el contenido de las alegaciones presentadas por la UTE adjudicataria de las obras del nuevo estadio de fútbol en Bahía Sur.

En dichas alegaciones, la empresa denuncia hechos de extrema gravedad: que el gobierno municipal intentó imponerle condiciones y trabajos que no estaban contemplados en el contrato firmado, ni en las condiciones ofertadas en el procedimiento de licitación. La UTE sostiene que esta actuación vulnera el principio de legalidad, el derecho administrativo y la buena fe que debe regir toda contratación pública.

“Estamos hablando de una empresa que afirma haber recibido presiones por parte del gobierno del PSOE para asumir obras fuera del contrato, que denuncia la existencia de defectos e indefiniciones graves en el proyecto, e incluso que alerta de riesgos que podrían comprometer la seguridad estructural del estadio y con ello la integridad física de las personas”, ha señalado la portavoz del PP, María José de Alba.

Entre las advertencias recogidas en las alegaciones, la UTE señala que "no ejecutará una cimentación destinada a sostener una estructura que albergará a miles de personas, porque no se adapta a normativa ni cumple con los cálculos técnicos obligatorios". Además, enumera errores en la gestión de residuos, contradicciones en los planos y omisiones graves que afectarían a la viabilidad misma de la obra.

“La alcaldesa no puede mirar para otro lado ni esconderse detrás del aparato de propaganda municipal. Estas acusaciones son demasiado graves como para no dar la cara. Desde el Partido Popular exigimos transparencia total y explicaciones inmediatas sobre todo lo que ha ocurrido en torno a este contrato”, ha subrayado De Alba.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer ya qué está ocurriendo con este proyecto. Y la alcaldesa, como máxima responsable del gobierno local, tiene la obligación de explicar si lo que denuncia la empresa es cierto, qué papel ha jugado su gobierno y qué consecuencias va a tener. Lo contrario sería intolerable”, ha concluido la portavoz del PP.