Cavada le exige a la presidenta de la diputación que las inversiones se rijan por la calidad de los proyectos
Cavada le exige a la nueva presidenta de la diputación que las futuras inversiones se rijan “por la calidad de los proyectos y no por la subasta” de votos.
La alcaldesa de San Fernando, que le ha trasladado sus “mejores deseos” a Almudena Martínez, advierte de que estará “vigilante” para “exigir un trato justo” para el municipio isleño
El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de San Fernando ha trasladado hoy en boca de la alcaldesa, Patricia Cavada, “los mejores deseos” para el mandato que mañana inaugura la Diputación de Cádiz con Almudena Martínez al frente. La regidora isleña, que mañana estará presente en el pleno de constitución de la institución provincial, confía en poder afrontar “entre todos los ayuntamientos”, y desde la responsabilidad colectiva, “los actuales desafíos que tiene Cádiz”, que son muchos y variados.
“La nueva presidenta tendrá en esta alcaldesa a una leal aliada para mejorar la vida de la ciudadanía”, ha asegurado Cavada, para quien, sin embargo, esta confianza no está reñida con la estricta vigilancia de la legalidad y el principio de igualdad. “No salgo de mi asombro, como posiblemente le habrá ocurrido a otros alcaldes de todos los colores políticos, que el apoyo para asumir su Presidencia se haya convertido en una subasta de dinero público”, ha afeado Cavada, quien ha puesto el acento en los términos en los que se ha producido y que “pueden llegar a perjudicar a otros municipios” y, por lo tanto, a su ciudadanía.
“Todos tenemos proyectos y planes de futuro que desarrollar, que aportan tanto a nuestras propias ciudades como al conjunto de la provincia. Esto no sólo ocurre en La Línea, también en San Fernando, Jerez o El Puerto. Conseguir la Presidencia de la Diputación no puede justificarse sobre un reparto injusto” de los fondos públicos a un único municipio en detrimento del resto. “Exigiré un trato justo como alcaldesa y, en nombre de la ciudadania a la que represento. Estaré vigilante” para que la distribución e inversión pública de los próximos cuatro años responda a la legislación vigente, los procedimientos de concurrencia competitiva y “la calidad de los proyectos” que se presenten en cada momento.