El Sindicato SPLI denuncia que un agente de la Policía Local de San Fernando está siendo víctima de maltrato institucional por parte de los responsables del equipo de gobierno, Jaime Armario y Conrado Rodríguez, cuando hasta la fecha no han resuelto desde el Ayuntamiento el procedimiento de su reclamación del derecho a las vacaciones interrumpidas en el mes de diciembre de 2022, derecho constitucional vulnerado y que fue denunciado públicamente por el Sindicato de la Policía Local Independiente de San Fernando (SPLI).

Como consecuencia de la denuncia de este hecho, este mismo policía, que tiene reconocida su adaptación del puesto por motivo de salud desde el año 2014 por contingencia profesional, ha visto modificada sus condiciones de trabajo durante este año, que le han provocado tener que acudir a urgencias del centro médico durante la jornada laboral por empeoramiento de su estado de salud, incluso derivado en dos ocasiones al hospital San Carlos de San Fernando.

Ambos Concejales, responsables de Policía Local y de Recursos Humanos, están incumpliendo las pautas indicadas por el servicio de Prevención de Riesgos Laborales, que en su día dictaminó y certificó la disposición de este funcionario de Policía Local como apto para el servicio con limitaciones, recomendando la adecuación de su puesto de trabajo por la contingencia profesional reconocida en el desempeño de sus funciones.

El Delegado Recursos Humanos, Conrado Rodríguez, del mismo modo, como Presidente del Comité de Seguridad y Salud Laboral, está incumpliendo el protocolo de actuación frente al acoso en el trabajo para prevenir la aparición de este riesgo laboral, ante la ausencia de medidas para evitarlo, paliarlo o solucionarlo, al tener conocimiento por escrito presentado por el Registro de Entrada del Ayuntamiento.

La conducta del Delegado de Policía Local, Jaime Armario, conocedor del hecho personalmente y puesto en su conocimiento previamente, por el policía perjudicado, al no atender sus circunstancias particulares y de salud, así como la falta de coordinación con su compañero de Recursos Humanos, para prevenir esta situación de riesgo psicosocial en el trabajo, su evaluación y control, supone una irresponsabilidad de su cargo y una dejación de funciones del equipo de Gobierno local.

Desde el SPLI se ha solicitado al servicio jurídico del sindicato para que en caso de no ser resuelta las reclamaciones del policía afectado, se requiera a la Alcaldía para que depuren responsabilidades al estar cometiéndose posibles delitos contra los derechos de un trabajador municipal, regulados en los artículos 311 y 316 del Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre), al ser consideradas como tales aquellas acciones cometidas por personas jurídicas que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos establecidos legalmente, o los que con infracción de las normas de Prevención de Riesgos Laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física.