Tras consultar el expediente sobre la modificación de las Ordenanzas Fiscales, Izquierda Unida vuelve a echar en falta datos técnicos y estudio de costes que avalen la propuesta aprobada inicialmente en el pleno extraordinario del pasado mes de octubre.

"Además, el tiempo que pasa entre que se inicia el expediente y se termina presentando la propuesta es excesivo. Esto dificulta el cumplimiento de los plazos que establece la ley para afrontar este tipo de cuestiones y, tal como concluye el Interventor, es una situación que se repite a lo largo de estos años en los que Patricia Cavada es Alcaldesa", asegura Gonzalo Alías, candidato y Coordinador de IU-La Isla.

Izquierda Unida insiste en la necesidad de que las propuestas de modificación de la normativa fiscal municipal, sobre todo las que implican cambios en el porcentaje de bonificaciones, vengan avaladas por un estudio que evalúe o cuantifique el impacto en la recaudación del Ayuntamiento.

Por otro lado, Izquierda Unida insiste por enésima vez en la necesidad de actualizar la normativa municipal. Una vez más, IU-La Isla recuerda que el Reglamento Orgánico Municipal, que rige entre otras cosas el funcionamiento de los Plenos, es de la época de Antonio Moreno. "Y esta necesidad queda evidenciada, por si aún quedaban dudas, en la recomendación que realiza el Interventor respecto a las Ordenanzas Fiscales, para las cuales aconseja una nueva redacción completa", afirma Gonzalo Alías.

Izquierda Unida considera que las modificaciones propuestas suponen, sobre todo, un cambio de redacción para adaptar el contenido a la legislación actualmente vigente. No obstante, la carencia de informes técnicos de carácter económico financiero impide realizar una evaluación rigurosa. "Es la práctica generalizada del actual gobierno municipal. Propone cambios en las ordenanzas fiscales sin acompañarlas de datos que reflejen el impacto en el caudal público, que es el dinero de la ciudadanía de La Isla", dice el candidato de Izquierda Unida.

Izquierda Unida pide que se presenten los informes con la evaluación económica para conocer el impacto previsto de estas modificaciones. "Aunque la previsión sea reducida, es necesario que el gobierno municipal ampare su gestión desde la transparencia y el rigor informativo", sentencia Alías.