La sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de San Fernando recurre en vía administrativa el expediente de contratación SC 26/2021, del servicio de asesoría y asistencia técnica a la Concejalía de Infraestructuras y Espacios Deportivos para la realización y ejecución de proyectos de reforma y mejoras de las instalaciones deportivas municipales, por considerar que se encuentra viciado desde su inicio ya que en la plantilla municipal existen las plazas adecuadas para desempeñar las funciones que se presten contratar.

Conforme a los datos que obran en poder de esta sección sindical, en la plantilla municipal existen las plazas adecuadas para poder cubrir la necesidad que este expediente de contratación dice satisfacer, e incluso hay plazas como la de delineante y la de ingeniero técnico industrial que ya han sido objeto de oferta de empleo sin que se hayan desarrollado los procesos adecuados para proceder a su cobertura, por lo que parece que no existe interés por parte del Ayuntamiento en la adecuada prestación de los servicios públicos con medios propios, observándose una clara tendencia a la externalización de servicios, a vender los servicios públicos a entidades privadas cuyo único objetivo es ganar dinero, prestar el servicio de la forma que sea al menor coste posible para maximizar su rentabilidad, y siempre, sin tener conocimiento cierto de la identidad de los titulares de dichas empresas y las posibles vinculaciones que puedan existir.

En cuanto el abono de los trabajos de "Para los servicios de asesoría y asistencia técnica para realización y ejecución de proyectos y actuaciones de mejora en instalaciones deportivas municipales previstas en el pliego de prescripciones técnicas, a excepción de los servicios de dirección de obra, mensualmente. El importe de cada uno de los pagos parciales previstos en el contrato será el cociente resultante de dividir por 24 el precio de adjudicación de dichos trabajos" lo que demuestra que se van a abonar cantidades fijas mensualmente sin criterios objetivos sin tener en cuenta número de memorias, proyectos, informes, etc. ni en base a que presupuesto según la cantidad máxima especificada en los pliegos. Más bien parece que lo que se va a abonar mediante ese contrato es una nómina encubierta, contribuyendo esta administración a la existencia de “falsos autónomos”, figura perseguida por la legislación laboral por cuanto supone un fraude a las cotizaciones sociales y que busca eludir la normativa de protección laboral.

La externalización de los servicios públicos es la más clara manifestación de la incompetencia por parte de los responsables de los servicios para gestionarlos, ya que teniendo la Administración los medios suficientes para prestarlos, prefiere vaciar de personal las plantillas, no ejecutar las ofertas de empleo y justificar la externalización en que no se dispone de personal. Con la externalización, el responsable del servicio, en vez de organizarlo y gestionarlo, deja recaer toda la responsabilidad en una empresa ajena a la administración y justifica toda su gestión en la firma de un contrato.

La Administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios constitucionales de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Las empresas privadas buscan únicamente el beneficio de sus propietarios.

Por otro lado, la no ejecución de las ofertas de empleo conculca el derecho de todos los ciudadanos al acceso a la función pública de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, y sólo se puede acceder a prestar servicios públicos de una forma indirecta trabajando para los contratistas de la Administración.

La situación actual de los servicios es muy preocupante por la paralización de todos los procedimientos de cobertura de las vacantes que se están produciendo en esta Administración, lo que no está permitiendo la renovación de las plantillas y por tanto la prestación adecuada de los servicios públicos. De no revertir esta situación, este Ayuntamiento se va a convertir en una especie de administrador de comunidad de vecinos en la que todo va a estar en manos de determinadas empresas multiservicios, y el bienestar de los ciudadanos va a estar supeditado a estas empresas.