El TSJA vuelve a darle la razón a CSIF y ratifica la estabilidad de dos empleados municipales de San Fernando que llevaban más de 20 años en fraude de ley.

La sentencia condena en costas al Ayuntamiento de San Fernando.

CSIF lamenta que el Gobierno local insista en recurrir a los tribunales en casos de este tipo, que al final le “cuesta el dinero al ciudadano”

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado la estabilidad de dos empleados municipales de San Fernando que llevaban desde el año 2001 con contratos de interinidad y, por tanto, en fraude de ley. Con esta sentencia, el tribunal da la razón a CSIF y desestima el recurso que había presentado el Ayuntamiento de San Fernando a una sentencia anterior de un juzgado de lo Social de Cádiz que, tras la denuncia de este sindicato, ya demostró la situación de ilegalidad de estos trabajadores y por tanto, reconociendo su condición de indefinido no fijo en la plantilla municipal.

Desde la sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento isleño lamentan que el Gobierno local insista en recurrir a los tribunales, sin aceptar las sentencias que se emiten en primera instancia, y que, “al final le cuesta el dinero al ciudadano”. Hay que subrayar que el TSJA condena en costas al Ayuntamiento de San Fernando por su “tozudez” cuando es más que evidente que estos dos empleados municipales se encontraban con un contrato temporal, durante un periodo excesivamente largo, mientras realizaban labores propias de la plaza que ocupan en el área de Urbanismo.

CSIF espera que en próximos meses el TSJA se pronuncie en el mismo sentido en otros casos similares, ya que el Ayuntamiento de San Fernando ha ido recurriendo todas las sentencias que, dándole la razón a este sindicato, obligaba a regularizar a trabajadores interinos, reconociéndoles su consideración de empleados indefinidos no fijos.

Por todo ello, esta sección sindical pide a la alcaldesa que deje de utilizar recursos municipales para judicializar asuntos que afectan a la estabilidad de la plantilla municipal. “No podemos consentir que sean los ciudadanos de San Fernando quienes paguen, a través de sus impuestos, su nefasta gestión en materia de personal y luego, las costas procesales de sus infructuosos intentos por mantener en la ilegalidad a sus trabajadores”, señalan. “Parece que el Gobierno local no quiere estabilidad de los empleados públicos que tiene a cargo y prefiere que vivan en la incertidumbre”, finalizan desde CSIF.