Malú del Río lamenta la discriminación del gobierno de Cavada hacia el colectivo.

“A ningún usuario se le piden sus datos personales para usar las duchas, servicios o lavapies”, recuerda.

La concejala del PP, Malu del Río, ha denunciando “el trato discriminatorio y no igualitario que sufren los usuarios que utilizan el módulo Cinco Estrellas de Camposoto con respecto al resto de usuarios que hacen uso de todas las instalaciones de la playa isleña”.

De esta forma, Del Río quiso manifestar la disconformidad de su partido por la actitud del gobierno presidido por la socialista Patricia Cavada, quien pese a las reiteradas denuncias, continúa “un año más” solicitando información sensible para el libre acceso a un servicio público, como es el que el Ayuntamiento ofrece en el módulo Cinco Estrellas.

“Entendemos, y entienden los propios usuarios, que la actitud municipal discrimina a las personas en razón de sus capacidades”, afirma la edil. Como ejemplo de esta aseveración apunta el hecho de que el Ayuntamiento no le solicita “ningún dato a ningún ciudadano” alguno para poder hacer uso de la playa o de los servicios que en la misma se prestan.

“Lo primero que me pregunto es con qué finalidad y bajo qué premisas el Ayuntamiento necesita pedir estos datos, y qué tratamiento se les da”, cuestiona. Según la normativa vigente la Ley Órgánica 3/18 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales y el Reglamento General de Protección de Datos 679/2016, “ el gobierno local no puede pedir ninguno de estos datos, en ningún momento”.

“Distinto sería que, para la prestación de un servicio, como puede ser el traslado de una persona desde el módulo hasta la orilla para bañarse, hagan falta una serie de datos mínimos, es decir, el principio de minimización de datos; y en este caso no se deben de pedir ningún dato de carácter personal, como mucho el nombre de pila2.

Pero es que, además, la edil recuerda que en el ámbito de la discapacidad cualquier dato personal está especialmente protegido por su consideración de “datos sensibles” y, por lo tanto, ninguna empresa y ninguna administración pública, como es el Ayuntamiento, podrá recabar esa información “ya que nos ampara la Ley General de Protección de Datos en el ámbito de la salud”.

El Ayuntamiento, apunta, hace firmar a los usuarios del citado módulo un consentimiento genérico para el tratamiento de esa información, “cuando uno de los requisitos que debe cumplir el consentimiento como base para autorizar el tratamiento de nuestros datos personales es que éste debe ser expreso, inequívoco, informado y libre; y, por lo tanto, este requisito no se cumple, porque si el usuario no da su consentimiento, por ende, no se le permite que disfrute de los servicios de playa en cuestión. Nada más hay que leer la normativa, para ver los requisitos , cuando es totalmente exigible una serie de parámetros de cómo se va a tratar la información, bajo qué fines, plazos de conservación, posibles terceros que van a tratar nuestros datos…y todo eso es lo que no se le da al ciudadano, por lo que se está incumpliendo además uno de los principios fundamentales aplicables a los tratamientos de los datos”.

Malu del Río asegura que esta situación “crea muchas dudas sobre el verdadero motivo de esta situación, ya que, si lo que quieren es una estimación puramente estadística, limítense a pedir el código postal, como hacen algunas empresas”.