El delegado de Patrimonio, Conrado Rodríguez, ordena a la concejala socialista restituir su finca “a la legalidad vigente”.

Hasta el momento, todos los informes municipales dan la razón a la denuncia administrativa presentada por el PP.

El presidente del PP isleño, José Loaiza, ha comparecido en rueda de prensa tras dos semanas apartado de toda actividad pública a consecuencia del Coronavirus.

“Quiero que mi primera intervención pública tras este tiempo de enfermedad, sea para dar cuenta de la que ha sido la noticia más destaca de estas últimas semanas; e intervengo por alusiones realizadas hacia mi persona por parte del gobierno de Patricia Cavada y, por supuesto, por que este asunto sigue adelante. Claro que hay caso Claudia Márquez”, ha señalado.

Loaiza actualizó la última noticia conocida respecto a las obras ilegales que la concejala socialista Claudia Márquez ha desarrollado en una finca de su propiedad. El edil popular puso sobre la mesa el auto del Juzgado decretando el archivo de las diligencias iniciadas a raíz de la denuncia presentada por 3R ante la Fiscalía el 23 de julio de 2021. “No es una sentencia -recordó-, sino un auto que puede recurrirse e, incluso, los mismos hechos denunciados podrían reabrirse  ante la existencia de nuevas pruebas”.

Ciertamente, la denuncia penal interpuesta por 3R difiere del objeto de la denuncia administrativa que el PP ya puso en enero en conocimiento del Ayuntamiento y que, asimismo, pondrá en conocimiento de la Justicia.

Mientras que 3R argumentaba su denuncia contra la concejala de Urbanismo en la comisión de delitos por prevaricación y  contra la ordenación del territorio, el PP cuenta con pruebas “concluyentes y convenientemente documentadas de que Claudia Márquez ha actuado de manera irregular en la ejecución de las obras de su vivienda”. Concretamente, está acreditado por informes municipales que la concejala del PSOE ha ampliado volumétricamente su finca, no dudando en presentar a la Comisión de Patrimonio planos alterados, con los que buscaba justificar los hechos e infringir la legalidad vigente.

El también portavoz del PP quiso aclarar en este punto que “nunca hemos buscado el daño personal. Esto no es una cuestión personal contra nadie, que es por donde han intentado desde el gobierno de la señora Cavada dirigir el asunto, para desviar la atención de la opinión pública sobre el objeto real de la denuncia que no es otro que el de una persona que, valiéndose de su condición de Delegada Municipal de Urbanismo, se ha saltado la Ley ejecutando obras ilegales y que no le son permitidas a ningún ciudadano”.

Ahora bien, lo verdaderamente importante de todo este asunto, lo que realmente da un vuelco a la situación es que en el Auto dictado por el Juez se apunta como “determinante” de los hechos que han supuesto el archivo de la citada denuncia de 3R lo siguiente, es el “informe emitido por parte de la Unidad Orgánica de la policía Judicial concretado en el equipo de delincuencia urbanística fechado el día 21 de febrero de 2022”, tal y como se recoge, precisamente, en ese Auto judicial.

“Esto es -subraya Loaiza- que ni el fiscal ni el Juez contaban con los informes de los técnicos municipales redactados a raíz de la denuncia presentada en el Ayuntamiento por el PP”.

Por tanto, la denuncia administrativa presentada por el PP “es trascendental y acertada” puesto que ha cambiado radicalmente el curso de toda la investigación. Tanto es así que una vez que tuvieron conocimiento de la misma, los técnicos municipales han tenido que rectificar sus informes y se han paralizado las obras que la concejala socialista desarrollaba en sus viviendas.

Estos informes municipales tienen una fecha posterior a los que sirven para archivar la denuncia de 3R, concretamente el Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística los presenta sus informes el 16 y 21 de marzo de 2022.

En estos informes se concluyen cuestiones de máxima gravedad, “suficientes para que Claudia Márquez no ostentase, desde hace tiempo, ninguna responsabilidad pública”. El proyecto de remodelación de la finca presentado al Ayuntamiento para su aprobación alteró -“falseó, para que todo el mundo lo entienda”, apuntilló Loaiza- la realidad del inmueble introduciendo sin argumentación alguna y totalmente de soslayo, con el evidente ánimo de engañar a quienes debían autorizar las obras, modificaciones importantes contrarias a la ficha de la vivienda, catalogada en el Peprich.

De hecho, el engaño queda suficientemente constatado en el informe elaborado el pasado 17 de marzo por el Servicio de Licencias y Disciplina Urbanística cuando se expone que “…todo parece indicar que el “Estado Actual” reflejado en los planos del documento técnico (presentado por los arquitectos de Claudia Márquez), no obedece a la realidad justamente anterior, y al menos desde el año 2009, según se observa en la foto aérea encargada por este Ayuntamiento en aquella fecha”.

Es más, el mismo informe municipal subraya que en el Documento Técnico presentado por los arquitectos de Claudia Márquez se alteraba la realidad de la finca modificando intencionadamente los planos, algo que los técnicos del Ayuntamiento no  advirtieron  al inicio del procedimiento.

Finalmente, José Loaiza recuerda que ha sido el propio delegado de Patrimonio, Conrado Rodríguez, quien ha decretado la paralización de las obras que ejecutaba su compañera Claudia Márquez “reconociendo así  que son ilegales, y le exige que restituya la legalidad vigente. Simplemente con este hecho quedaría suficientemente acreditado que Claudia Márquez debe dimitir o ser cesada de manera fulminante por la alcaldesa, puesto que ha realizado obras ilegales, utilizando planos alterados y engañando a los técnicos municipales con el fin de conseguir su propósito. ¿Y dicen que no hay caso? Claro que hay caso Claudia Márquez”, concluyó.

Denuncia administrativa

La denuncia administrativa del PP no solo es necesaria por razonada, sino muy acertada, porque lo único que busca es que nadie utilice su situación de privilegio en el Ayuntamiento para hacer cosas que a ningún otro ciudadano le son permitidas. Y eso es lo que ha hecho Claudia Márquez y que queda reafirmado, no ya por los informes de los técnicos municipales (a los que ni la Fiscalia ni el Juez han tenido acceso) sino por un decreto emitido por su propio compañero, el concejal socialista, Conrado Rodríguez, parando las obras de la finca por que, reconoce, se estaban ejecutando obras ilegales y exigiéndole que restituyese todo a la legalidad vigente; en definitiva, reconociendo que ha actuado irregularmente alterando los planos presentados en la Comisión Municipal de Patrimonio para que fuesen aprobados y saltándose todos los procedimientos por el mero hecho de que ella era la delegada de Urbanismo del Gobierno de Patricia Cavada