“Las trabajadoras de Ayuda a Domicilio han terminado por denunciar a Cavada ante el consejo de transparencia”

SAD UGT San Fernando asegura que llevan desde noviembre solicitando el acceso al expediente completo del contrato de la Ayuda a Domicilio, y la alcaldesa aún no ha cumplido con su obligación legal de proporcionárselo. No entienden porque Cavada le pone trabas a los derechos de más deciento sesenta mujeres trabajadoras, que sólo buscan aclarar quienes son los responsables de tantos incumplimientos en el servicio. Se muestran perplejas ante la falta de sensibilidad del gobierno municipal con los problemas de su colectivo.

La plantilla de la Ayuda a Domicilio ha mostrado su hartazgo ante lo que han calificado como “una actitud oscurantista y de falta de ganas de querer cumplir con las obligaciones que tiene la alcaldesa a la hora de proporcionar la información que se le ha requerido desde noviembre, en relación al expediente completo del contrato del servicio municipal de Ayuda a Domicilio de San Fernando. Cavada sabe que está obligada a darnos esa información, pero no quiere hacerlo. Será ella la que tendrá que explicar por qué”.

Hartas de la situación y tras reiterar varias veces esta petición de información en los últimos cinco meses, “no nos han dejado otra opción y no nos ha quedado más remedio que acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Andalucía. Hemos denunciado hace unos días este incumplimiento a la hora de proporcionar información pública por parte del gobierno municipal. Se lo hemos reiterado hasta en tres ocasiones por escrito, y muchísimas más de palabra, pero no quiere que la plantilla y sus representantes tengamos acceso a unos documentos que pueden aclarar cómo ha sido, y quienes han sido los responsables del tremendo disparate de gestión que se ha llevado a cabo en este servicio municipal desde el inicio del contrato con Claros SCA en marzo de 2019”.

Le exigen a Cavada y al Gobierno municipal (aunque de Ciudadanos no esperan nada, ya que ni si quiera han querido reunirse con las trabajadoras) que “depongan su actitud obstruccionista respecto al derecho a la información, y aclaren de qué parte están, si de la transparencia y el bueno gobierno, o van a persistir en una actitud que solo favorece a la empresa concesionaria, y a aquellos que hayan actuado negligentemente ante los incumplimientos de la misma”