La consejera Rocío Ruiz ha destacado en la Comisión de Igualdad que la digitalización permitirá una mayor intervención directa con los beneficiarios.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado en comisión parlamentaria que el nuevo ingreso para la infancia y la inclusión (IPII), que sustituirá a la renta mínima, se gestionará en un 95 por ciento de forma telemática. La digitalización de esta nueva prestación diseñada para combatir la pobreza en Andalucía busca reducir la carga burocrática que realizan los trabajadores sociales de los servicios sociales comunitarios y facilitar así la intervención directa con las personas beneficiarias.

Andalucía registró en 2020 cerca de tres millones de personas (35,1 por ciento) en situación de riesgo de pobreza y/o exclusión social, de los que el 10,1 por ciento se encuentran en riesgo de pobreza grave. "Una situación a la que no da respuesta la actual Renta mínima de inserción social (RMISA) al no ser compatible con el Ingreso mínimo vital", ha recordado Ruiz, para detallar a continuación las dificultades y obstáculos que ha registrado esta prestación "debido a la falta de medios materiales, humanos e informativos y el diseño de la prestación en lo referido a acceso, control y revisión ". Unos elementos, ha dicho, que lo convierten en insuficiente para atajar "de forma contundente e inmediata el severo problema de pobreza infantil y, por extensión, de pobreza estructural que sufre nuestra comunidad".

En este sentido, la responsable de políticas sociales ha subrayado el compromiso firme y decidido de su departamento para impulsar una estrategia contra la pobreza que articule y coordine de forma transversal el conjunto de recursos del sistema público de servicios sociales en Andalucía. Esta estrategia, que se desarrollará en colaboración con la Red europea de lucha contra la pobreza (EAPN), incluye la puesta en marcha de una nueva prestación, el IPII, que ampliará su cobertura entre las personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social y tendrá una especial protección de la infancia.

Giro del asistencialismo a la inclusión

La consejera de Igualdad ha insistido en que esta nueva prestación supone un cambio de 180 grados en el modelo de atención contra la exclusión que hasta ahora se desarrollaba en Andalucía, ya que se pasa de un sistema asistencialista a uno de inclusión que da protagonismo a la formación y la elaboración de itinerarios individualizados para romper con esos elementos que provocan vulnerabilidad.

"Tanto la estrategia como el nuevo ingreso permiten ofrecer una respuesta rápida de la administración y mejoran las posibilidades de inserción social, laboral y educativa y de competencia digital de las personas en situación de pobreza", ha señalado Ruiz, resaltando además que, "al ser compatible con empleo y otras prestaciones económicas, el IPII permite que estas personas puedan desarrollar un proyecto de vida y futuro fuera de dicha situación".

Ruiz ha destacado la eficacia y la agilidad administrativa como las principales características de este nuevo recurso, con el que el Ejecutivo andaluz persigue reducir la complejidad burocrática que hasta ahora retrasa la gestión de los servicios sociales, como ha puesto de manifiesto el reciente 'Informe diagnostico sobre la situación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía'. Un documento que constata además la frustración de los profesionales por dedicar más tiempo a la tramitación que a la intervención con las personas usuarias.

"El importante proceso de digitalización que estamos realizando, y que conllevará que el IPII se realice de forma telemática en un 95 por ciento, permitirá que los trabajadores de los servicios sociales comunitarios dejen de ser tramitadores para ser profesionales de la intervención social", ha avanzado Ruiz.

Batería de medidas

Durante su comparecencia parlamentaria, la consejera ha desglosado la batería de medidas que su departamento mantiene en marcha para combatir la marginación y la desigualdad y garantizar la atención a las personas en situación de exclusión social, y que ha intensificado sus esfuerzos para frenar los efectos de la crisis social y económica provocada por la pandemia del coronavirus. Así, ha destacado el programa de tarjetas monedero, dotado con 24 millones de euros para atender a más de 27.000 familias andaluzas; las ayudas económicas familiares, que en 2021 contaron con 13,8 millones de euros de presupuesto, o el programa de provisión y reparto de comida del Banco de Alimentos, que con una dotación de más de nueve millones de euros entre 2021 y 2022 permitirá atender a más de 410.000 personas a través de 1.760 entidades sociales.

Asimismo, Ruiz ha recordado las subvenciones para programas de garantía alimentaria, que cuentan con 10.5 millones de euros, y el programa extraordinario de ayudas en materia de necesidades básicas a la población que desarrolla Cáritas, que se ha ampliado con diez millones de euros este ejercicio, de los que siete se destinarán de forma específica para hacer frente a la lucha contra la pobreza energética.

A estas iniciativas se suma el programa extraordinario de alojamiento e inserción social a personas sin hogar, que actualmente lleva a cabo EAPN Andalucía con una inversión de 2,9 millones de euros y que se ha ampliado hasta 2023 gracias a una dotación de 2,25 millones de euros; o las escuelas de verano, que con 2,5 millones de euros de inversión con cargo a créditos autofinanciados en 2021 –la mayor dotación de este programa en toda su trayectoria- han permitido atender a casi 4.700 menores de toda Andalucía y contratar a 620 profesionales.

"En definitiva, reducir la pobreza estructural por medio de la pobreza infantil que soporta Andalucía ha sido una prioridad para esta Consejería de Igualdad y este Gobierno", ha enfatizado Ruiz, "un reto que se mostró al inicio de la legislatura con el refuerzo de medios humanos y técnicos para gestionar la renta mínima y que ahora se redoblan con acciones concretas, una estrategia integral de lucha contra la vulnerabilidad y a favor de la infancia y la inclusión y una novedosa y avanzada prestación que erradique de una vez por todas este problema en Andalucía".