Fotografía. Ignacio Escuin.

El Ayuntamiento de San Fernando pide que se paralice de forma inmediata los derribos en la cacería y que se culmine en todos los trámites.

La alcaldesa ha recordado que aún no se ha resuelto la solicitud de Declaración de Interés Público presentada por el Consistorio, y tampoco la propuesta de ubicación alternativa de las casetas de los pescadores artesanales a los que se va a producir un daño innecesario e irreparable

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha solicitado hoy mediante una carta dirigida al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que se paralice de forma inmediata el proceso de demolición y desalojo de las casetas de pesca artesanal de la Playa de la Casería de Ossío, ya que antes hay que dar respuesta a todos los trámites pendientes para evitar “ocasionar un daño que es totalmente innecesario e irreparable a este sector”.

La regidora ha respondido así a la sorpresiva comunicación recibida ayer por el Ayuntamiento, en la que el mencionado Ministerio advierte de que a partir del día 8 de febrero va a proceder de manera inminente a la demolición de las instalaciones de almacenamiento del colectivo de la pesca personal. Este proceso no afecta por el momento a los dos establecimientos de hostelería, al contar uno de ellos con título habilitante y el otro por encontrarse el procedimiento suspendido de forma cautelar por un auto judicial.

Cavada ha sido contundente y ha lamentado nuevamente “que se vuelva a realizar una acción como esta contra el criterio del Ayuntamiento, a espaldas del Ayuntamiento y sin acuerdo con el Ayuntamiento de San Fernando”.

Como ha recordado la primera edil en su escrito al Ministerio, a día de hoy no se ha recibido respuesta a ninguno de los trámites iniciados por el Ayuntamiento para, en primer lugar, lograr la Declaración de Interés Público, así como para que los afectados puedan trasladar a una nueva ubicación las casetas que albergan sus artes de pesca.

En la misiva se destaca que el Ayuntamiento, por petición unánime del pleno municipal, ha solicitado formalmente la Declaración de Interés Público, argumentado razones de peso en este trámite que permitiría la legalización de los establecimientos e instalaciones ubicados en la playa de la Casería. “Todo ello sin que por el momento hayamos recibido respuesta en ningún sentido a la petición formalmente realizada por la ciudad de San Fernando”, añade la alcaldesa.

Del mismo modo, se ha hecho hincapié en que, en paralelo y con el objetivo principal de buscar una solución alternativa para los pescadores de la zona en caso de que la Demarcación de Costas y la Junta de Andalucía no dictaminen a favor de la petición municipal, el pasado 17 de noviembre de 2021 el Ayuntamiento presentó ante la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de Cádiz la solicitud de autorización de uso en zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre (DPMT) para acondicionar el terreno y poder instalar esas casetas de almacenamiento en una nueva ubicación.

Esa solicitud de autorización continúa su tramitación, como bien conocen tanto en la Junta de Andalucía como en la Demarcación de Costas Andalucía Atlántico, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, “por lo que no es de recibo dar pasos irreparables y que perjudiquen al colectivo de la pesca artesanal sin que culmine ese expediente”.

Por todo ello, la alcaldesa ha instado hoy al Gobierno central a que paralice cualquier demolición hasta que se culmine el expediente presentado de Declaración de Interés Público y hasta que, en caso de resolución desfavorable del mismo, administrativamente se permita al Ayuntamiento la reubicación de los lugares de trabajo de los pescadores artesanales de la Casería, “evitando un innecesario e irreparable daño de las personas que viven de esta actividad”. “En todo momento hemos trabajado con el objetivo de velar por el mantenimiento de la actividad económica y los empleos asociados a este sector, por lo que es fundamental paralizar este proceso, al menos hasta que se les den soluciones”, ha añadido la primera edil.

La carta enviada hoy mismo también resalta que no puede pasar inadvertida la dificultosa gestión que se viene llevando a cabo desde el Ayuntamiento para que estas familias de pescadores puedan asumir esta decisión de Costas. Pero toda esta gestión pasa por ofrecerle una opción alternativa que, por otro lado, también defendía esa misma administración (la del retranqueo). Por tanto, “la paralización debe quedar suspendida, como mínimo, hasta que se permita y autorice la propuesta presentada por el Ayuntamiento a petición de la propia Asociación de Pescadores, y que ya ha sido formalmente presentada. Lo contrario es generar un daño innecesario y perfectamente prescindible”.

Además, ante las últimas declaraciones de Costas hoy mismo a los medios, la alcaldesa ha recordado que “toda ocupación de la zona de servidumbre del Dominio Público Marítimo Terrestre, aunque se trate de terrenos municipales, precisa de forma obligatoria de la autorización de la Junta de Andalucía y de informe de Costas. Esto es sabido hasta por el más desconocedor de cualquier norma, y desde luego no se puede pretender que un Ayuntamiento actúe sin informar, sin pedir la autorización necesaria o realizar los trámites oportunos en la zona de servidumbre”.

"¿Qué nos va a decir Costas si empezamos a hacer actuaciones en zonas de servidumbre sin haber pedido autorización? ¿Nos va a sancionar y multar? No salgo de mi asombro de las declaraciones, y sin duda son un nuevo despropósito en este asunto", ha apuntado la alcaldesa, que ha añadido que "esto ya parece algo personal del responsable de Costas en la provincia con la Casería".

En este punto, Cavada ha instado también a que la Delegación de Desarrollo Sostenible de la Junta y Costas agilicen los trámites que deben realizar entre ambas administraciones para culminar los procedimientos que se están tramitando.

La primera edil ha reprochado también en la carta enviada hoy que “en todo este proceso que afecta a la Casería de Ossío, el Ayuntamiento ha tenido que actuar en todo momento haciendo frente a la imposición de actuaciones, sin el diálogo que hubiera sido necesario y obviando ese principio fundamental de colaboración entre administraciones al que estamos obligados cuando existen competencias compartidas, y que aquí no ha existido en ningún momento para haber podido alcanzar algún acuerdo”. “Lamento profundamente que el Gobierno de España no haya atendido en ningún momento la petición de colaboración que hemos solicitado de forma reiterada desde San Fernando”.

En la misma línea, la regidora ha expresado su sorpresa por “la extraordinaria agilidad y asombrosa premura con la que la Demarcación de Costas ha actuado en este asunto”, y ha confiado en que “se ponga la misma agilidad y diligencia a la hora de atender las muchas cuestiones de su competencia que están pendientes en esta ciudad y que precisan de atención y actuaciones urgentes, como por ejemplo la acuciante necesidad de intervenir en las vueltas de afuera para reconstruir estas infraestructuras, dado que su deficiente estado pone en peligro no solo las salinas sino la integridad de San Fernando ante la subida del mar; o para rescatar salinas en desuso como las salinas San José”.