La provincia de Cádiz va a contar con 1,3 millones de euros para el desarrollo de ocho proyectos de innovación e investigación aplicadas y transferencia de conocimiento en el ámbito de la Formación Profesional, con la participación de un total de once centros de Cádiz, Jerez, Benalup, San Fernando, La Línea, Tarifa y San Roque.

Del total de las 228 propuestas recibidas entre junio y agosto de este año, el Ministerio ha seleccionado 141, de las cuales 8 tienen participación gaditana por su capacidad para añadir valor a la Formación Profesional y su potencial para generar, compartir y movilizar conocimientos. Entre las iniciativas, destacan las referidas a la industria 4.0, el internet de las cosas, robótica colaborativa, fabricación inteligente, digitalización e impresión 3D, manejo de drones o inteligencia artificial.

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha destinado más de 23,8 millones de euros a estas ayudas, procedentes del componente 20 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que servirán para financiar hasta 141 iniciativas desarrolladas por más de 600 centros de FP, empresas y otras entidades ligadas a la Formación Profesional de todo el país.

La cuantía máxima por proyecto es de 220.000 euros, con ayudas superiores a los 50.000 euros por cada uno de los centros que participen y de 20.000 euros en el caso de empresas o entidades, incluidas aquellas que concurran en calidad de centros de FP para el empleo.

Los proyectos requieren la participación de, al menos, dos centros de Formación Profesional situados en comunidades autónomas distintas y una empresa, fundación, asociación o entidad, públicas o privadas, hasta un máximo de tres. Así, podrán intervenir hasta un total de cinco participantes por cada uno de ellos.

Con esta actuación, el MEFP pretende impulsar la innovación y la transferencia de conocimiento entre profesorado, alumnado y trabajadores de las empresas participantes para la mejora de la calidad de la Formación Profesional en España. La iniciativa, que se enmarca en el Plan de Modernización de la Formación Profesional, supone una importante herramienta para impulsar la corresponsabilidad entre administraciones, centros y empresas, siguiendo uno de los ejes fundamentales de la futura Ley de FP, aprobada a mediados de este mes por el Congreso de los Diputados.