El Partido Popular (PP) ha presentado para su debate en el próximo Pleno municipal, una moción solicitando reuniones periódicas entre el equipo de gobierno y las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) con el objetivo de realizar el seguimiento del cumplimiento de todas las cláusulas y apartados del contrato suscrito con la empresa adjudicataria de la prestación del SAD.

Con ello, los populares persiguen “que se controle que la situación laboral de la plantilla de la empresa se ajusta a lo contratado por el Ayuntamiento”.

Desde el 5 de febrero de 2019, la prestación del SAD en San Fernando se encuentra adjudicado a la empresa Claros por un periodo de tres años y un coste de 4.186.545,00 euros. Hasta el momento, el contrato con la citada mercantil se ha modificado en dos ocasiones “por razones de interés público”, lo que ha elevado el precio del servicio hasta los 6’7 millones de euros por el periodo inicialmente establecido, y que finaliza en marzo de 2022.

Esta empresa atiende en la actualidad y, según datos de la propia Delegación Municipal de Servicios Sociales, a 317 personas, para lo cual dispone de una plantilla de 150 auxiliares, mujeres en su totalidad.

Las trabajadoras vienen denunciando que desde el inicio del actual contrato se vienen produciendo diversas irregularidades en la prestación del mismo, una cuestión que afecta tanto a los usuarios como a los ciudadanos en general, y que han mermado en muchos casos la calidad de la prestación del servicio.

Las protestas de este colectivo se centran hasta el momento en tres cuestiones relevantes. La primera de ellas es el incumplimiento de la concesionaria en materia de vestuario del personal. Mientras el contrato prevé un gasto de 186 euros anuales en uniformidad y vestimenta de trabajo, la empresa apenas invierte 40 euros en esa materia. Las auxiliares denuncian que trabajan con su propia ropa, costeándose aquello que necesitan pese a que en contadas ocasiones los salarios superan los 400 ó 500 euros. Entendemos que, contando con una partida específica para ello, la concesionaria esté, supuestamente, ahorrándose en vestuario una cantidad económica importante, en concreto, las representantes de estas trabajadores cifran en 20.000 euros anuales lo que la adjudicataria deja de invertir por este concepto.

La segunda denuncia aborda los incumplimientos en el Plan de Formación al que obliga el Pliego de Condiciones y el propio contrato. La empresa Claros tiene la obligación de ejecutar un Plan Anual de Formación de 102 horas por cada persona trabajadora adscrita al servicio, algo que no está sucediendo.

Más recientemente, las trabajadoras han revelado un supuesto nuevo incumplimiento de Claros en relación a la atención psicológica de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de San Fernando. Esta infracción supondría más de 1.000 horas de atención psicológica a las auxiliares al año, a las que se comprometió la empresa en su oferta y que jamás, desde el principio del contrato, se ha producido. Esta situación irregular podría haber causado un beneficio ilícito a la empresa de más de 50.000 euros al año, según estimaciones de las representantes del colectivo.

Además, estas trabajadoras en todas sus denuncias públicas han puesto mucho énfasis en la falta de empatía demostrada hacia sus demandas tanto por la alcaldesa como por los delegados de Desarrollo Social y de Políticas Sociales de este Ayuntamiento.

“Los isleños tenemos el derecho y la obligación de conocer de qué manera se está utilizando el dinero de nuestros impuestos y, muy especialmente, cuando se trata de una cuestión tan sensible como es la atención a personas en situación de dependencia. Por ello solicitamos al gobierno de PSOE y Ciudadanos, que controle el cumplimento del contrato por el que se adjudicó el servicio municipal de ayuda a domicilio”, subraya el PP.

De esta forma los populares quieren que se despejen las muchas dudas existentes sobre el cumplimiento de la plica por parte de la adjudicataria, a la que el Ayuntamiento ha prorrogado recientemente el contrato por seis meses. “No queremos ser cómplices de unos  supuestos incumplimientos laborales por parte de la empresa que puedan estar perjudicando a las auxiliares y, por asociación, a los propios usuarios”, concluye el comunicado emitido por el PP.