El PP reclama la redacción de un nuevo pliego del servicio que se adapte a las necesidades actuales de San Fernando, lamentando el papel de CS ante una situación que criticaban duramente hasta que entraron en el Gobierno municipal.

El Partido Popular de San Fernando ha pedido al Ayuntamiento que dé respuesta a las reiteradas preguntas formuladas en relación al estado administrativo en que se encuentra la Zona Azul de la localidad. La concejal popular, Carmen Roa, ha recriminado al ejecutivo de Patricia Cavada el silencio que impone a determinados temas de interés ciudadano vulnerando así la transparencia que debe regir las relaciones entre gobierno y oposición

“Queremos que el PSOE y Ciudadanos informen del estado en que se encuentra el contrato de la zona azul de La Isla, un servicio que presta la empresa Dornier SA desde 2005 y que se prorrogó por primera vez en 2015 por una duración de dos años, situación que se volvió a repetir en 2017 y 2019, y que todo apunta, volverá a dilatarse por dos años más, eso sí, sin dar ningún tipo de información al respecto”.

La gestión de la ORA, o Zona Zzul, tal y como establece el contrato, puede ir prorrogándose de dos en dos años hasta un total de 10 años, a no ser que el Ayuntamiento comunique de forma expresa a la empresa su intención de no seguir necesitando sus servicios.

En 2015, Patricia Cavada justificó la decisión de prorrogar el contrato en la premura de los plazos. “Cierto que era un gobierno que comenzaba a rodar, lo que no es excusa pero si puede servir como explicación, que es lo que pasó”, alega la edil.

Dos años después, en 2017, el ejecutivo del PSOE volvió a prorrogar el contrato utilizando la misma excusa de la imprevisión. Roa afirma, ante la ausencia total de información, por lo que es ya una evidencia, que la gestión de la zona azul se demoró nuevamente en 2019 “y que va a volver a hacerlo en este 2021, si es que no lo ha hecho ya”.

La concejala exige una explicación urgente a “tantas preguntas que siguen sin responder y que revelan el grado de opacidad del gobierno municipal”. Recuerda que “la propia Patricia Cavada reclamaba en 2014 cambios estructurales en el pliego de la concesión de este servicio. El PSOE en la oposición presentaba, incluso, las mismas alegaciones a las ordenanzas fiscales que ahora rechaza desde el Gobierno, como aquella en la que pedían que se eliminara el importe mínimo de 0,20 euros para que se instalara el pago fraccionado a partir de 0,005 euros y se comenzara a cobrar a partir del undécimo minuto de estacionamiento.

Criticaba en 2014 la actual alcaldesa que se vetara el grado de residente a aquellos vecinos que no cuentan con estacionamiento en su calle y están rodeados por la zona azul, algo que ocurre en muchas calles del centro, que afecta a muchos isleños y que ha sido denunciado en multitud de ocasiones.

Se quejaba Cavada entonces de que "no se ha hecho nada por atender las peticiones de los vecinos. Ni un estudio siquiera para ver la forma de no crear un agravio comparativo con el resto de ciudadanos del centro", apuntaba en 2014 la entonces combativa portavoz de los socialistas isleños.

Ciudadanos, los cómplices útiles

Si el ala socialista del ejecutivo de Cavada tiene la mayor parte de responsabilidad en esta situación, “los ediles de Ciudadanos se han revelado como los cómplices perfectos y dóciles a los dictados de sus socios. Ciudadanos en la oposición denunciaba esta situación de manera muy vehemente. “Ahora aquellas críticas se han silenciado por mor de un sillón. Al parecer, ya no hay ni secretismo, ni oscurantismo, ni mala gestión municipal. Para los concejales de Ciudadanos ya todo está bien”, afirmó.

“Lo primero, información y transparencia; y unido a ello, el cumplimiento de los compromisos. De esto carece el gobierno de Patricia Cavada para desgracia de los isleños”, concluyó.