Fotografía. Juan Carlos Rodríguez Rivero.

El delegado territorial de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía, Daniel Sánchez, ha informado a Demarcación de Costas y al Ayuntamiento de San Fernando del inicio del expediente de solicitud para la legalización mediante la declaración de interés público para los establecimientos hosteleros e instalaciones ubicadas en la zona de La Casería de Ossio, afectada por el dominio público marítimo-terrestre.

Tal y como ha explicado Daniel Sánchez, “cumplimos nuestro compromiso de iniciar la legalización de La Casería por razones de interés público, dando cumplimiento con el compromiso que asumimos con los afectados, al considerar que les ampara la ley”.

El delegado territorial ha lamentado que “la Demarcación de Costas ha promovido ya diversos expedientes de recuperación posesoria con objeto a la demolición de otras tantas ocupaciones existentes en el entorno de la Casería de Ossio y con el apoyo inicial del Ayuntamiento de San Fernando, y todo ello sin informar de manera oficial sobre la situación en la que se encuentran dichos expedientes”.

“A pesar de esta iniciativa que en ningún momento ha contado con nuestra participación”, explica Daniel Sánchez, “esta delegación, sin contar con ese acuerdo previo, inicia el expediente para la declaración de interés público del poblado de La Casería y para ello, se ha enviado tanto a la Demarcación de Costas como al Ayuntamiento de San Fernando, escrito para recabar los informes en aplicación del apartado 1 de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 22/1988 que requiere que las razones de interés público deberán ser apreciadas por la Administración estatal, autonómica y local”, desarrollado por la Disposición Transitoria Decimotercera del Reglamento de Costas, Real Decreto 876/2014”.

El delegado también ha explicado que “para la legalización, que podrá ser total o parcial, las razones de interés público deberán ser apreciadas por acuerdo entre las tres Administraciones (estatal, autonómica y local)”. Por tanto, como establece la ley, el plazo para emitir esos informes por parte de ambas administraciones es de un mes a partir de su notificación, que ocurrió este jueves 28 de mayo, y se entenderá desfavorable a la legalización si no se emite en este plazo”.

Con todo ello, Daniel Sánchez considera que “la demolición de las obras e instalaciones, que podrían derivarse de los citados expedientes de recuperación posesoria, deberían quedar en suspenso hasta no se determine si concurren, en caso de coincidencia con los de su petición global, los requisitos para proceder a la legalización de las ocupaciones del asunto por razones de interés público, lo cual le ha sido requerido a la Demarcación de Costas de Cádiz como parte del mencionado escrito”.