El sindicato UPLB-Andalucía. Unión de Policía Local y Bomberos de Andalucía declara que de nuevo existe un desprecio de la coalición PSOE-Ciudadanos a la plantilla de la Policía Local.

En este caso se trata del traslado de los servicios municipales a la Casa Consistorial, sin contar con el puesto de policía adscrito al Ayuntamiento, contradiciendo el Artículo 3 del Reglamento de Organización y Servicios de la Policía Local de San Fernando, aprobado por Pleno de fecha 30 de marzo de 1990, BOP núm. 94 de 25 de abril, incluido en el catálogo y la valoración aprobados por Pleno de fecha 11 de julio de 2000 con la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), y conforme a la legislación vigente, que regula las funciones profesionales de proteger a las autoridades de las Corporaciones Locales, y vigilancia o custodia de sus edificios e instalaciones (Acompañamiento y protección a los miembros del ayuntamiento, asistencia a los empleados municipales, identificación y acceso a las dependencias municipales, supervisión cumplimiento normativas, prevención, atención y protección a la ciudadanía, etc.).

Desde que llegaron al Gobierno municipal, cuando se ubicaba la Alcaldía en la calle Isaac Peral, suprimieron el servicio de Policía Local que se realizaba en el Ayuntamiento en contra de las funciones que, por mandato constitucional, atribuye la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, a los funcionarios de las Policías Locales, especialmente operativas y en ocasiones arriesgadas y penosas, lo que requiere determinadas aptitudes psicofísicas, aptitudes que naturalmente se van perdiendo con la edad o por determinadas circunstancias, y en la que se tiene en cuenta la situación especial de Segunda Actividad que busca confinar el acto de servicio de los policías más veteranos a partir de los 55 años, o por algún problema de tipo físico o psicológico, como enfermedad, dejen de patrullar por las calles de la ciudad.

Tanto la Alcaldesa como el Delegado de Policía Local, Jaime Armario, que además es responsable de la Delegación de Desarrollo Social, tienen conocimiento que los municipios, al objeto de garantizar una adecuada aptitud psicofísica en la prestación de los servicios de Policía Local, tienen la obligación de regular la situación de segunda actividad, de conformidad con la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, garantizando que los servicios, en esta situación especial, se desarrollan sólo por policías que se encuentren en condiciones para el cumplimiento y desempeño de sus funciones, asegurando la eficacia del servicio y la mediación policial para abordar los conflictos y necesidades requeridas en el Ayuntamiento.

La política municipal, del gobierno PSOE-Ciudadano, de suprimir la presencia policial en el Ayuntamiento manifiesta su desinterés en resolver un problema laboral de la Policía Local, que en la práctica produce inseguridad y una merma en el servicio prestado a la ciudadanía, demostrando que sus responsables políticos hacen caso omiso al ordenamiento jurídico y son incapaces de gestionar y negociar las necesidades profesionales demandadas por los sindicatos con representación en el Ayuntamiento, durante esta legislatura en defensa del empleo público.