Francisco J. Romero Herrero, Portavoz del Grupo Municipal Andalucía Por Sí afirma que "el colectivo social de personas sin hogar ha sido uno de los más vulnerables y que con más inconvenientes se ha encontrado tras el Decreto de Estado de Alarma del pasado 14 de marzo de 2020".

Actualmente este colectivo se encuentra en una situación de desprotección absoluta, vulnerando, una vez más, uno de los derechos fundamentales de las ciudadanas y ciudadanos del
Estado Español recogido en la Constitución Española, en su artículo 47: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

El 14 de febrero de 2020, PP y CS en el Gobierno de la Junta de Andalucía, anunciaron a bombo y platillo que se estaba trabajando en una Estrategia Andaluza basada en el Sinhogarismo teniendo como base la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar (2015-2020) aprobada el 6 de noviembre de 2015, y que tenía como objetivo principal dar soluciones a las situaciones de las personas que carecían de alojamiento y/o vivienda. Tras un año transcurrido, es ahora cuando el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía del pasado día 9 de febrero aprueba formular la Estrategia que se anunció hace un año.

El tiempo perdido denota la falta de sensibilidad de la administración autonómica para poner soluciones viables al problema de las personas sin hogar, promoviendo así falsas expectativas a toda la ciudadanía en general y a las personas más desfavorecidas en particular, agravando la situación de desesperación de muchas de ellas y, más concretamente, mermando sus derechos fundamentales. Por ello, en estos duros momentos desde AxSÍ tenemos claro que las políticas sociales deben ser no sólo la prioridad, sino el eje fundamental de las actuaciones que lleven a cabo los Poderes Públicos en su gestión. De igual forma, ahora más que nunca las administraciones deben contribuir al blindaje de ese escudo social tan necesario para seguir afrontando esta pandemia en la que nadie puede quedarse atrás.

De igual forma, hay que tener en cuenta que la pérdida de puestos de trabajo afecta también, en algunos casos, a la pérdida de la vivienda habitual al carecer de ingresos y recursos económicos. Las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno de España, así como por la Junta de Andalucía, han dejado sin lugar a dudas a las personas sin hogar en una posición poco favorable, ya que se ha establecido a la ciudadanía determinadas restricciones que este colectivo no puede cumplir. A esto hay que añadir que el número de plazas y los recursos disponibles están al límite de sus capacidades y que nuestro gobierno local continúa sin cumplir el compromiso de construir un centro de acogida de baja exigencia para personas sin hogar que vendría a responder a las necesidades integrales de este colectivo.

Por todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Andalucía Por Sí propone la adopción de los siguientes Aacuerdos:

Primero: instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a acelerar la aprobación de un Plan de Atención a las Personas sin Hogar y poner en marcha medidas urgentes que garanticen una alternativa habitacional a las personas sin hogar que permanecen en la vía pública de forma precaria, agravándose en estos momentos por las restricciones horarias establecidas por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España para evitar la propagación del la Covid-19.

Segundo: instar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a priorizar presupuestariamente los recursos sociales existentes de los medios materiales y profesionales necesarios para poder dar cobertura y atender el elevado número de demandas debido a la situación actual.

Tercero: instar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a establecer con carácter obligatorio para la administración local la publicación anual de una Guía de Recursos para la Personas Sin Hogar.

Cuarto: instar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación a establecer, dentro del Servicio Andaluz de Servicios Sociales y en colaboración con el tercer sector, la Red de Recursos para la Atención a Personas Sin Hogar, compuesta por el conjunto de acciones de la administración andaluza y el tercer sector en cada uno de las provincias, identificando todos los recursos, servicios y acciones que pueden dar soporte a las personas sin hogar; elaborando un directorio autonómico con todos ellos y se establecerá la información mínima que contendrá.

Quinto: instar a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía a redactar, con carácter urgente, un Plan Andaluz para las Personas sin Hogar que garantice, junto con un itinerario de inserción socio-laboral, el acceso a una vivienda digna como derecho fundamental y constitucional de la ciudadanía, incrementar el esfuerzo realizado por la Administración pública en materia de rehabilitación y mantenimiento del parque de viviendas, y promoción de vivienda en alquiler social de forma preferencial, conformando además, a través de las Delegaciones Territoriales, una mesa de coordinación con los Servicios Sociales Municipales de los Ayuntamientos de cara a la supervisión y seguimiento de las medidas que se implanten a tal efecto.

Sexto: instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a la aprobación de una dotación económica destinada a los Ayuntamientos para la construcción de viviendas sociales, equipamientos públicos (Centro de día Personas Sin Hogar) para crear una Red Andaluza de Ayuda a las Personas Sin Hogar, y por otro lado adquisición de enseres que ayuden a paliar las necesidades más básicas y urgentes de las personas sin hogar, en coordinación con las entidades que trabajan con este colectivo de alta vulnerabilidad social.

Séptimo: dar conocimiento y traslado de este acuerdo al Parlamento de Andalucía, al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).