"La alcaldesa socialista Patricia Cavada sigue sin poner una sola vivienda protegida en el mercado, a pesar de tener hasta una empresa pública para ello".

La Plataforma Política 3R invita a la reflexión a la ciudadanía para determinar cuál creen que puede ser la valoración de la acción de Gobierno de Cavada en cuestiones tan vitales como es una vivienda digna. Al respecto, cabe destacar al segmento social de los jóvenes, aquellos que buscan su primera oportunidad, un proyecto vital pudiéndose ser una vivienda protegida, que para muchos de ellos es una de las pocas salidas debido a la precaria y falta de oportunidades que sufre San Fernando.

La alcaldesa isleña Patricia Cavada, después de cinco años y medio de acción de Gobierno, “no ha sido capaz de ejecutar ni una sola vivienda pública, ni social y ni una protegida, a pesar de tener constancia que 7.500 isleños, es decir, el ocho por ciento de la población de la localidad, forma parte del Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida (Rpmdvp)”. Datos aportados por el propio Gobierno e instrumento que articula las necesidades en esta materia desde el ámbito municipal y bajo el amparo de un Plan Municipal de Vivienda, aprobado inicialmente el 1 de agosto de 2018 y que aún no se ha estrenado.

Pero ahora la ciudad de San Fernando, concretamente en la calle Alsedo, “se ve envuelta en un proyecto de quince viviendas donde están involucradas hasta tres administraciones públicas para poder llevarlo a cabo u optar a diferentes ayudas que nos costará a todos los isleños más de tres millones de euros, sabiendo que la fórmula del Derecho de Superficie hubiese permitido ignorar esos costes. En resumidas cuentas una altanería política más", concluye 3R.