La Policía Local de San Fernando continúa sin recibir sus chalecos de seguridad y protección cuando desde el año 2018, en la legislatura anterior, el gobierno municipal anunció públicamente en los medios de comunicación, la licitación del contrato de suministro de 60 chalecos antibalas, anticuchillo y antipuzón, por un importe de 60.000 euros. Se trata de la dotación individual de los funcionarios y funcionarias de la Policía Local de San Fernando para el desempeño de las funciones propias ante cualquier amenaza y como precaución, y que forman parte del equipamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A fecha de hoy se desconoce la empresa suministradora, encargada de la toma de medidas antropométricas y tallas a cada policía, certificados oficiales de homologación y las características técnicas de esta indumentaria individual y particular, al objeto de garantizar que el uso prolongado del chaleco durante toda la jornada laboral no implique riesgo alguno para los policías. Así lo ha denunciado SPLI mediante una nota de prensa.

"Es lamentable que hace dos años se promocionara por el gobierno municipal la compra de los 60 chalecos de protección unipersonal y, después del tiempo transcurrido, siguen sin informar a los sindicatos con representación en el Ayuntamiento del retraso en la entrega, lo que puede provocar que suceda lo ocurrido en el año 2017 cuando fueron devueltos 27 chalecos antibalas. Material de protección que costó 21.235,50 euros y que resultó inadecuado e inoperativo para la trabajo policial ordinario por no reunir las características idóneas de ergonomía femenina, no permitiendo las labores de seguridad ciudadana o labores de riesgo de la mujer policía en igualdad de condiciones. Cabe recordar lo ocurrido también en 2018, cuando fueron adquiridos otros 33 chalecos antibalas por valor de 21.442,41 euros, que advertía en sus etiquetas; "precaución, prenda no está prevista para proteger contra rifles, armas de filo o instrumentos corta punzantes", lo que causa inseguridad para las condiciones diarias de trabajo en el desempeño de las funciones de policía y seguridad ciudadana.

El Sindicato de la Policía Local Isleña asegura que "la mala gestión e irresponsabilidad" del delegado de Policía Local, Jaime Armario, "el cual sigue sin atender, consultar y negociar con las organizaciones sindicales los graves problemas reales que afectan al área municipal de Seguridad Ciudadana y Policía Local. Entre ellos, destacar la entrega pendiente de los mencionados 60 chalecos antibalas de protección unipersonal y la carencia de la uniformidad básica reglamentaria de los años 2019 y 2020, así como el agravio en la realización de jornadas a turnos, fines de semanas, noches y festivos, y todas aquellas necesidades profesionales puesta en su conocimiento, nos convierte en una policía desprotegida, carente de medios y vulnerable".

Más del 60 por ciento del personal policial en activo carece en la actualidad de estos equipos básicos profesionales de protección individual, lo que supone el incumplimiento por parte del Ayuntamiento de lo dispuesto en la normativa vigente, y obvia incluso informes del Defensor del Pueblo de Andalucía. Informes que indican que las Administraciones Locales deben integrar dentro de sus servicios de Prevención de Riesgos Laborales a los miembros de los Cuerpos de Policía Local, con el alcance dispuesto en la Sentencia de 12 de enero de 2006 (asunto C-132/2004) del Tribunal de Justicia Europeo (Sala segunda), en consonancia con art. 2.2 de la Directiva 89/391/CEE del Consejo de 12 de Junio, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, que incluso en situaciones de gravedad excepcional exige a las autoridades competentes que velen para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas en la medida de lo posible.

En espera de su resolución, "cuando la protección de la vida de un policía está en juego, ninguna excusa es aceptable ni ningún error administrativo puede justificar un retraso en la compra de chalecos de seguridad y protección individual, lo que ha convertido ese anuncio de los concejales responsables en la anterior legislatura, de adquisición de los 60 chalecos antibalas, en una campaña promocional engañosa de un gobierno imprudente, que pone en riesgo al colectivo de Policía Local y dificulta la efectividad de la labor policial diaria que demanda los vecinos y la ciudadanía en general".